El gobierno nacional adeuda a las provincias compensaciones ambientales por más de 3500 millones de pesos

Hasta el momento el gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 3900 millones de pesos (M/$). Pero apenas desembolsó 316 M/$.

La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.

Dicho fondo –según lo determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.

En 2010 el fondo debió ser –según lo dispuesto por la normativa vigente– de unos 1200 M/$, mientras que en 2011, al no haber Presupuesto Nacional (no fue aprobado en el Congreso), sólo hubiese correspondido aplicar al fondo la partida derivada de las retenciones agroindustriales (alrededor de 500 M/$). Finalmente, en 2012 el fondo tendría que haber sido de alrededor de 2200 M/$.

Pero la Secretaría de Ambiente de la Nación apenas pagó a las provincias 97,5 M/$ en 2010 y 218,5 M/$ en 2011 (ver detalle). Y en lo que va del año aún no se efectivizaron los pagos correspondientes al 2012 (el Presupuesto de este año estableció un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos de apenas 267,4 M/$).

La Ley 26.331 determina que el 70% de los recursos del Fondo de Conservación (que las provincias reciben de la Nación) deben emplearse para compensar a los propietarios de las tierras que no pueden producirse a partir de los ordenamientos territoriales dispuestos en cada jurisdicción.

Pero, al no cumplirse de manera efectiva lo dispuestos por la Ley 26.331, la gran mayoría de dueños de campos contemplados en las áreas destinadas a conservación cuentan con un bien que es un auténtico muerto viviente.