Sumisión federal: el Presupuesto 2013 destina a las provincias apenas un 26% de la recaudación total
La mayor sangría se presenta en retenciones y recursos de la seguridad social.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2013 –que en los próximos días será aprobado por el Congreso con mayoría oficialista– contempla distribuir el 74% del total recaudado al gobierno central, mientras que apenas un 26% será destinado a las provincias.
“Las provincias continúan siendo las claras perdedoras del actual esquema de distribución de recursos tributarios, ya que dicha división no se condice con el alto grado de descentralización que presenta la estructura de gastos, en el cual las provincias financian cerca del 50% del gasto primario agregado”, indica un informe elaborado por la consultora Economía & Regiones.
Según la Ley de Coparticipación (23.548 con sus modificatorias y complementarias), la distribución de recursos debería ser un 57,36% para las provincias y un 41,64% para el gobierno nacional.
“Pero eso sólo se verifica únicamente para el caso del Impuesto a los Bienes Personales (que incluso es superior al 57% porque se computan transferencias destinadas al financiamiento de las Cajas Previsionales no transferidas a la Nación). Para el resto de los tributos, la participación provincial va de un máximo de 53,8% (Impuesto a las Naftas) hasta un 0% como en el caso del Impuesto al Gasoil y otros gravámenes a los combustibles”, explica el informe (ver cuadro).
El Presupuesto 2013, a través del Fondo Federal Solidario (“fondo sojero”), contempla destinar unos 10.000 millones de pesos a las provincias de lo recaudado por derechos de exportación. Pero ese monto debería ser de al menos 44.000 millones de pesos si se aplicara el 57% de participación establecido por ley.
Otra de las herramientas que desfinancian a las provincias es la retención del 15% de la masa coparticipable destinada a la Anses, que en 2013, según estimaciones de Economía & Regiones, representará una suma de casi 53.000 millones de pesos.
Eso se origina porque a comienzos de los años ‘90 se firmó un “Pacto Fiscal” por medio del cual las provincias aceptaron ceder al gobierno nacional un 15% de sus recursos coparticipables para destinar esos fondos al sistema previsional nacional (desfinanciado por la creación del régimen de capitalización o AFJP). En 2008 el sistema privado de fondos de pensión fue estatizado. En ese marco, si bien la razón que legitimaba la detracción del 15% de la masa coparticipable desapareció, el gobierno nacional continuó acaparando esos recursos provinciales.
