Gobierno versus exportadores: se paralizó el mercado de granos ante un nuevo round entre dos pesos pesados
Los traders se retiraron de la plaza. Las causas.
Las principales compañías exportadoras de commodities agrícolas se retiraron ayer por la tarde del mercado de granos a modo de protesta contra la avanzada que funcionarios de la Afip están emprendiendo contra el sector.
La medida –que podría definirse como un “paro de la exportación”– es producto de una serie de acciones que vienen entorpeciendo el funcionamiento del negocio de los grandes traders nucleados en Ciara-CEC.
Una de las quejas planteadas por los exportadores es el cambio de hecho aplicado a los procedimientos de control de cargas embarcadas.
La Dirección General de Aduanas (DGA) lleva a cabo de manera regular contraverificaciones de pesadas por medio del método conocido como draft survey, el cual determina el peso de la carga embarcada a través de la comparación de los calados realizados antes y después del embarque.
La cuestión es que en los últimos días inspectores de la DGA (organismo dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos) comenzaron a realizar contraverificaciones sobre cada una de las cargas parciales de un embarque, lo que generó demoras y sobrecostos en los procesos de embarque de mercadería (es decir, si un buque granelero, por ejemplo, se carga con mercadería perteneciente a tres compañías diferentes, a partir de ahora el procedimiento se realiza para cada una de las tres cargas y no al finalizar la carga total).
Otro tema. Esta semana se publicó la norma que establece los requisitos a partir de los cuales los grandes traders podrán comenzar a importar soja proveniente de países vecinos (fundamentalmente de Paraguay y Bolivia). La posibilidad de comprar soja en países vecinos para procesarla en el país –metodología suspendida en 2009 por la Afip– es vital, según entienden en el ámbito de la industria aceitera, para incrementar el bajo uso de la capacidad instalada presente en el sector.
El hecho es que uno de los requisitos establecidos por la norma consiste en no tener deudas impositivas exigibles. En este marco, el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, indicó a representantes del sector que algunas compañías exportadoras aún adeudan cargos correspondientes a “retenciones retroactivas” y que deben ponerse al día.
Para entender eso es necesario hacer un poco de historia. Veamos. En noviembre de 2007 comenzó a regir un cambio en los derechos de exportación de los commodities agrícolas, que en el caso del poroto de soja, por ejemplo, pasó de 27,5% a 35,0%.
Antes de que entraran en vigencia tales cambios en las retenciones, los exportadores de commodities habían declarado ante la entonces Sagpya grandes volúmenes de poroto, harina y aceite de soja, de manera que los embarques por concretarse en 2008 pasarían a pagar la retención vieja en lugar de la implementada en noviembre de 2007.
A fines de 2007, a partir de un proyecto presentado por el entonces diputado Rafael Martínez Raymonda, el Congreso aprobó la denominada “Ley de retenciones retroactivas” (Nª 26.351). Luego se presentó el conflicto del campo (marzo de 2008) y el tema pasó a segundo plano.
Pero a fines de junio de 2008 el gobierno nacional, por medio de la resolución 1487/08 de la entonces existente Oncca, determinó que aplicaría derechos de exportación de manera retroactiva a 35 empresas exportadoras que –según la Oncca– no habían podido demostrar la tenencia o adquisición de partidas de soja 2007/08 por 6,19 millones de toneladas declaradas en su momento el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de la Sagpya. Luego, en julio de 2008, se dictó una medida similar sobre 17,78 millones de toneladas de granos y derivados (resolución 1898/08).
Las compañías exportadoras presentaron ese mismo año una queja formal ante la Oncca al considerar que los volúmenes involucrados en las resoluciones 1487/08 y 1898/08 no se correspondían con las compras y tenencias reales de granos en poder de los traders al momento de ocurrir los cambios de los derechos de exportación (noviembre de 2007 y marzo de 2008). En ese momento el entonces titular la Oncca, Ricardo Echegaray, calculó que el reclamo representaba un monto del orden de 1700 millones de dólares.
Si bien todas las compañías exportadoras comprendidas en la medida recurrieron a la Justicia al considerar que el reclamo era indebido, el hecho es que algunas pagaron la totalidad de los montos exigidos, mientras que otras abonaron una parte y algunas decidieron no pagar nada a la espera de una resolución judicial definitiva.
El hecho de contar con una deuda abierta en retenciones retroactivas –proceso judicial mediante– es un factor de riesgo latente para muchas de las principales exportadoras de granos que operan en el mercado argentino.
El último ejemplo palpable de ese riesgo lo experimentaron los directivos de Nidera, quienes en mayo pasado debieron pagar con urgencia casi 63 millones de pesos, en concepto de intereses de la deuda de retenciones retroactivas, ante la amenaza concreta de que todas las operaciones de comercio exterior de la compañía fuesen bloqueadas por la Afip.
Ezequiel Tambornini
