El gobierno expropió el Predio Ferial de Palermo: “Es una barbaridad que nos asemeja a la dictadura venezolana”
Así lo indicaron diputados Jorge Chemes, Juan Casañas y Lucio Aspiazu.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso expropiar el Predio Ferial de Palermo –donde funciona la Sociedad Rural Argentina– por medio de un decreto al considerar que el mismo fue vendido a “precio vil” en 1991.
El jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina –encargado de realizar el anuncio esta tarde– dijo que el gobierno “determinarán las compensaciones que pudieran resultar” de la expropiación.
Llamativamente, a fines del mes pasado Francisco De Narváez había vendido al grupo Fénix Entertainment Group, dedicado al rubro de entretenimientos y organización de eventos, el 50% del paquete accionario que poseía de la firma La Rural S.A. (la empresa controlante del predio).
Posteriormente, Alto Palermo Sociedad Anónima (APSA), empresa perteneciente a la familia Elsztain, se asoció con Fénix Entertainment Group por medio de la compra del 25% del paquete accionario de La Rural S.A. (los Elsztain, al menos hasta la fecha, tiene un buena relación con Cristina Fernández de Kirchner). El 50% restante de las acciones está en manos de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Los diputados radicales Jorge Chemes (Entre Ríos), Juan Casañas (Tucumán) y Lucio Aspiazu (Corrientes) indicaron por medio de un comunicado, que “la expropiación de Palermo es una barbaridad que nos asemeja a la dictadura venezolana”.
Los tres diputados –que provienen del ámbito agropecuario– consideraron que la medida “es un ataque directo a una institución centenaria (por la SRA) que representa a montones de productores argentinos”.
“Todos nos sentimos tocados por esta medida, cuya único fundamento es ideológico, y es el odio visceral que le tiene el gobierno a los agricultores. Un odio injustificado, sobre todo teniendo en cuenta cuanto dinero le hace ganar al país, y cuanto empleo genera la producción agropecuaria”, indicaron los legisladores.
En tanto, la SRA, entidad conducida por Luis Miguel Etchevehere, indicó, por medio de un comunicado, que la “medida anunciada por el Poder Ejecutivo constituye un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en la Constitución Nacional y es también una fuerte agresión al campo en su conjunto”.
“La compra del predio fue realizada respetando estrictamente el marco legal vigente y los procedimientos de valuación y venta de activos del Estado”, señaló la entidad.
