El gobierno reactivó el “plan venganza” contra el campo: cuál es el próximo objetivo
En los últimos días funcionarios del núcleo duro del gobierno nacional reactivaron el “plan venganza” contra el sector agropecuario argentino.
El plan, instrumentado a partir de la derrota legislativa experimentada en 2008 con el voto “no positivo”, comenzó a inicios de 2009 con la quita a Federación Agraria (FAA) de los ingresos proveniente de la emisión de cartas de porte (la medida también perjudicó a la Federación de Centros de Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales).
Poco tiempo después el gobierno retiró a las Bolsas de Cereales la posibilidad de otorgar certificaciones (obleas) para las operaciones de compra-venta de granos.
La derrota en las elecciones legislativas realizados en junio de 2009 hizo que el gobierno pusiera en el freezer el “plan venganza” para instrumentar una metodología más sutil orientada a dividir a la dirigencia agropecuaria (cuyo principal instrumentador, el entonces ministro de Agricultura Julián Domínguez, logró que Eduardo Buzzi apareciera en una foto junto a Amado Boudou poco antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2011).
Con la victoria de octubre, el gobierno recuperó el control del Congreso y retomó el “plan venganza”. La primera jugada en la segunda etapa del plan consistió en la disolución del Renatre (organismo administrado por el duhaldista Gerónimo Venegas de Uatre junto con dirigentes de las entidades gremiales agropecuarias) para reemplazarlo por el estatal Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea).
La estrategia oficial también contempló la exigencia a gobernadores alineados o domesticados de implementar revalúos fiscales en inmuebles urbanos (medida que fue obedientemente implementada en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) y el no reconocimiento de la emergencia agropecuaria en las regiones bonaerenses inundadas (sin el cual no es posible aplicar los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia Agropecuaria).
En la provincia de Entre Ríos el gobernador Sergio Uribarri además intentó instrumentar una “retención provincial” de hasta el 6% del valor bruto de la producción agrícola (proyecto que este año no prosperó, pero que sigue en carpeta).
Finalmente, esta semana el gobierno nacional decidió –por medio de un decreto– expropiar el Predio Ferial de Palermo y quitar a FAA y a la Federación de Acopiadores la potestad de emitir formularios C1116.
El próximo objetivo de este programa sistemático es intervenir el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, el cual es financiado en su mayor parte por aportes de productores ganaderos.
Ezequiel Tambornini
