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Las aplicaciones de agroquímicos son una preocupación social creciente en muchas regiones argentinas a causa del crecimiento urbano desordenado. El problema ya es un hecho. La única solución posible es profesionalizar la actividad.

Así lo indicó Mario Bogliani, integrante del Instituto de Ingeniería Rural del Centro de Investigación de Agroindustria del INTA Castelar, en un entrevista publicada por la Revista CREA. “En la Argentina lo que ha sucedido en los últimos años es una invasión de los pueblos hacia los campos”, apunta.

“El crecimiento de barrios privados, clubes de campo y demás se hace avanzando sobre el campo. Esa gente, cuando comienza a habitar esos emprendimientos, van a reclamar su propia zona de exclusión. En zonas agrícolas de EE.UU., por ejemplo, se considera que en el derecho de uso de la tierra tiene prioridad el de mayor antigüedad; se aplica la fórmula primero en el tiempo, primero en los derechos. Si se necesita una mayor disponibilidad de tierras para hacer un desarrollo urbano o un centro comercial o lo que sea, es necesario consensuarlo antes con los productores de la zona y no avanzar de prepo para luego intentar coartar derechos”, explicó Bogliani.

“Además, con la definición de zonas de exclusión, los límites se van a ir corriendo de manera progresiva y continua, porque hoy se deja una franja improductiva, el dueño del campo no puede producir y la vende para hacer otro emprendimiento inmobiliario, que a su vez va a requerir otra zona de exclusión y así sucesivamente. La realidad es que tiene que haber un trabajo coordinado entre el sector productivo y los municipios porque de lo contrario esto no se va a acabar nunca. Y no debemos olvidar que la columna vertebral de la economía argentina reside en el campo”, añadió.

Bogliani – quien es uno de los principales especialistas argentinos sobre aplicaciones terrestres de fitosanitarios– recomienda aplicar en zonas periurbanas exclusivamente productos de las clases toxicológicas III y IV (los menos peligrosos, como el glifosato).

“La cuestión es que algunos municipios no están permitiendo aplicar productos de categoría III (en zonas periurbanas) y otros directamente han prohibido la aplicación de cualquier producto, lo que ha generado serios inconvenientes socioeconómicos. Por otra parte, la determinación de zonas de exclusión de 500 a 1500 metros no está fundamentada en ningún parámetro científico”, señaló.

El investigador indicó que, para establecer zonas de exclusión con criterios racionales, tendrían que medirse empíricamente la deriva de los diferentes productos con distintas condiciones ambientales. “Esas mediciones tendrían que realizarse con sensores ambientales, tal como se hacen las mediciones de smog en las ciudades. Y si se llega a determinar la existencia de una deriva en determinadas condiciones, el siguiente paso sería medir el componente de la misma para saber si puede llegar a generar un daño a la salud de las personas. Resumiendo: es necesario medir si un producto llega y, si llega, determinar si el mismo es peligroso. En el INTA estamos tratando de armar un consorcio mixto –público y privado– para crear un programa destinado a realizar esas mediciones”, comentó.

En el actual contexto, Bogliani dijo que es necesario promover en todo el país la profesionalización de las aplicaciones. “La mayor parte de las capacitaciones ponen el foco en la maquinaria, la tecnología, los modelos de pastillas, los momentos de aplicación, etcétera, para tratar de ordenar la lógica del proceso; sin embargo, existe un déficit de conocimiento sobre las implicancias que tiene hacer las cosas de manera inapropiada en términos de salubridad y ambiente”, aseguró.

Bogliani dijo que Córdoba es la provincia más avanzada en el tema con la creación de la Subsecretaría de Fiscalización (en la cual todos los aplicadores deben estar registrados para poder trabajar dentro del marco de la legislación vigente) y la obligación de contar con una receta fitosanitaria expedida por un ingeniero agrónomo para poder concretar la aplicación.

De todas maneras, señaló que “además de la receta, es necesario el control de la aplicación, y son pocos los productores que van a estar dispuestos a pagar ese control. El agrónomo puede hacer una prescripción, que es obligatoria, pero el control del proceso no lo es y por lo tanto muchas veces no se hace. Es importante generar consensos sobre estos aspectos porque si se dejan librados a la voluntad de las partes, luego puede aparecer problemas”.

El investigador del INTA también dijo que “si un empresario agrícola trabaja con un contratista conciente, que sabe cuándo puede o no aplicar, no tiene que apurarlo ni retacearle la tarifa, porque de esa manera no sólo lo está obligando a trabajar mal, sino que además está perjudicando a su comunidad y también a su propio campo y empresa. Tendría que haber algún incentivo para el profesional que trabaja profesionalmente”.

“Conozco productores responsables que, si las condiciones ambientales no son las adecuadas, pagan de todas maneras la jornada de trabajo al aplicador, pero no lo obligan a aplicar el producto. Eso es parte de la responsabilidad social empresaria. Ya no alcanza con las buenas practicas: además el empresario debe hacerse responsable socialmente de sus actos”, añadió.