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La Comisión de Enlace ante una eventual nueva embestida oficial: “Los productores deben resguardar sus derechos y la libertad que poseen”

Comunicado de la dirigencia del campo ante los requerimientos realizados por la Afip.
La Comisión de Enlace ante una eventual nueva embestida oficial: “Los productores deben resguardar sus derechos y la libertad que poseen”

Los integrantes de la Comisión de Enlace Agropecuaria advirtieron que, en caso de que el gobierno nacional decida intervenir la comercialización interna de soja, los empresarios agrícolas saldrán a defender sus derechos constitucionales.

Las últimas movidas instrumentadas por los responsables de la Afip indican que algo se está cocinando en materia de política económica. Ante la posibilidad de que tales medidas perjudiquen –nuevamente– a los productores agropecuarios, los máximos dirigentes del campo emitieron un comunicado que dice más con lo que no dice que con lo que dice.

“La Comisión de Enlace Agropecuaria reafirma la libertad de los productores para vender el fruto de su esfuerzo en el momento en que crean conveniente sin presiones ni intimidaciones de ningún tipo. Los productores no deben dejarse intimidar, deben resguardar sus derechos y la libertad que poseen”, señala el texto firmado por los dirigentes de FAA, Coninagro, CRA y SRA.

Los dirigentes además recordaron que, si bien la normativa vigente habilita a la Afip a solicitar requerimientos de información a los contribuyentes, éstos tienen un plazo de hasta diez días hábiles –contados a partir de la notificación– para responder al mismo (y no de 48 horas como se exige a los productores).

“El gobierno nacional continúa empecinado en atacar a uno de los sectores más pujantes de la Argentina, negando su verdadero potencial y viéndolo como una mera fuente de recursos financieros”, explica el comunicado.

“La Comisión de Enlace alerta que estas acciones son una clara provocación para los miles de productores que viven y trabajan en el interior del país y que aportan al desarrollo de la Argentina. Y que a la vez deben soportar la injusta amenaza por parte de un organismo estatal cuando el gobierno ha desoído sistemáticamente todos los pedidos de audiencia solicitadas por las entidades representativas del sector agropecuario”, añade.

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