El gobierno aprovechó la debilidad de las economías regionales para intentar perjudicar a Coninagro: nuevo capítulo del “plan venganza”
Avanzada del Inaes contra cooperativas agropecuarias.
Esta semana se hizo público un nuevo capítulo del “plan venganza” instrumentado por el gobierno nacional contra el sector agropecuario argentino.
En las últimas semanas funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (organismo oficial encargado de regular y promover el cooperativismo) comenzaron a solicitar a representantes de las entidades asociadas a Coninagro que retiraran su apoyo a la actual conducción de la entidad (presidida por Carlos Garetto).
En caso de no cumplir con ese mandato, los funcionarios del Inaes amenazaron con restringir los subsidios destinados al sector (no es poca cosa: se trata de un presupuesto de 604 millones de pesos para 2013)
Los más permeables a las advertencias oficiales son los representantes de las cooperativas vitivinícolas, yerbateras y frutihortícolas, las cuales, ante los enormes problemas de competitividad que registran las economías regionales (producto del combo inflación + atraso cambiario), necesitan seguir recibiendo ayudas oficiales para asegurar su supervivencia.
Ante esa disyuntiva, esta semana la dirigencia de Coninagro difundió un comunicado en el cual se menciona que “somos conscientes que nuestras federaciones de cooperativas pueden ser comprometidas por el accionar gremial que llevamos adelante” y que “frente a esta coyuntura, hemos decidido pedirle a las federaciones que analicen su desvinculación”.
La decisión política de Coninagro es probablemente inédita en la historia del cooperativismo: para no poner en riesgo a muchas empresas cooperativas –que necesitan ayudas del gobierno para solucionar los problemas creados por el mismo gobierno– la entidad comunica que prefiere desvincularlas para así poder seguir defendiendo los intereses de los productores agropecuarios en el marco de la Comisión de Enlace (que esta semana anunció una nueva protesta).
El “plan venganza”, implementado por el gobierno a partir de la derrota legislativa experimentada en 2008 con el voto “no positivo”, comenzó a inicios de 2009 con la quita a Federación Agraria (FAA) de los ingresos proveniente de la emisión de cartas de porte (la medida también perjudicó a la Federación de Centros de Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales).
Poco tiempo después el gobierno retiró a las Bolsas de Cereales la posibilidad de otorgar certificaciones (obleas) para las operaciones de compra-venta de granos.
Con la derrota en las elecciones legislativas de junio de 2009 el kirchnerismo perdió la mayoría en el Congreso. Eso hizo que pusiera en el freezer el “plan venganza” para instrumentar una metodología de seducción orientada a dividir a la dirigencia agropecuaria.
El principal instrumentador de esa estrategia, el entonces ministro de Agricultura Julián Domínguez, logró que, poco antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2011, Eduardo Buzzi (FAA) apareciera en una foto junto a Amado Boudou y que Carlos Garetto (Coninagro) hiciera lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner.
Con la victoria de octubre de 2011, el gobierno recuperó el control del Congreso y retomó el “plan venganza”. La primera jugada en la segunda etapa del plan consistió en la disolución del Renatre (organismo administrado por el duhaldista Gerónimo Venegas de Uatre junto con dirigentes de las entidades gremiales agropecuarias) para reemplazarlo por el estatal Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea).
La estrategia oficial también contempló la exigencia a gobernadores alineados o domesticados de implementar revalúos fiscales en inmuebles urbanos (medida que fue obedientemente implementada en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) y el no reconocimiento de la emergencia agropecuaria en las regiones bonaerenses inundadas (sin el cual no es posible aplicar los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia Agropecuaria).
En la provincia de Entre Ríos el gobernador Sergio Uribarri además intentó instrumentar una “retención provincial” de hasta el 6% del valor bruto de la producción agrícola (proyecto que finalmente no prosperó).
Además este año el gobierno nacional intentó –por medio de un decreto– expropiar el Predio Ferial de Palermo y quitó a FAA y a la Federación de Acopiadores la potestad de emitir formularios C1116.
