Deuda ambiental: el gobierno nacional violará la Ley de Bosques por quinto año consecutivo
La medida perjudica a las provincias del norte del país.
El gobierno nacional violará –por quinto año consecutivo– lo establecido por la “Ley de Bosques”.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.
Dicho fondo –según lo determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El 0,3% del Presupuesto Nacional 2014 equivale a un monto de 2578 millones de pesos, mientras que, en concepto de retenciones agroindustriales, deberían sumarse al menos otros 830 millones.
Es decir: en 2014 el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser de al menos 3400 millones de pesos. Sin embargo, el Presupuesto 2013 asigna una partida de apenas 230 millones de pesos.
La Ley 26.331 además dispone que el Fondo de Conservación debe incluir también “los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores”.
En 2010 el fondo debió ser –según lo dispuesto por la normativa vigente– de unos 1200 M/$, mientras que en 2011, al no haber Presupuesto Nacional (no fue aprobado en el Congreso), sólo hubiese correspondido aplicar al fondo la partida derivada de las retenciones agroindustriales (alrededor de 500 M/$). Finalmente, en 2012 y 2013 el fondo tendría que haber sido de alrededor de 2200 y 2600 M/$ respectivamente
Pero la Secretaría de Ambiente de la Nación apenas pagó a las provincias 97.5 M/$ en 2010, 218.5 M/$ en 2011 y 103.1 M/$ en 2012.
La Ley 26.331 determina que el 70% de los recursos del Fondo de Conservación (que las provincias reciben de la Nación) deben emplearse para compensar a los propietarios de las tierras que no pueden producirse a partir de los ordenamientos territoriales dispuestos en cada jurisdicción.
Pero, al no cumplirse lo dispuesto por la Ley 26.331, el costo de conservación de ecosistemas naturales queda en la práctica en manos de los propietarios de campos contemplados en las áreas con restricción de uso productivo.
