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En la Argentina ocurre algo insólito: el gobierno nacional promueve la importación de gasoil –en un contexto de déficit grave de divisas– cuando buena parte de ese combustible importado podría reemplazarse por biodiesel elaborado en el país (con insumos y mano de obra local).

En noviembre de 2011 las autoridades de la Afip comenzaron a exigir a las compañías petroleras que las ventas de gasoil cortado con biodiesel tributen los impuestos específicos que gravan al gasoil al 41% (por aplicación del Impuesto a los Combustibles y del Impuesto a la Transferencia e Importación de Gasoil sobre la proporción de biodiesel que integre la mezcla).

“De esta forma, el biodiesel tributa el 41% de impuestos específicos en surtidor, como si se tratara de gasoil mineral de origen nacional, aún cuando en la Ley 23.966 (Título III, Capítulo 1, artículo 4) no existe alícuota de impuesto alguno para el biodiesel”, explicó Claudio Molina, director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, por medio de un documento titulado “Biodiesel: ¿Pausa o fin en la política argentina de promoción?”

“Parece una paradoja, pero el Ministerio de Economía privilegia al gasoil importado desgravándolo del 41% –que tributa el gasoil de producción nacional– por un beneficio otorgado en la Ley de Presupuesto Nacional 2014, mientras se aplica esos gravámenes al biodiesel por una interpretación legal (de la Afip) que por cierto no comparto”, indicó Molina.

“Desgravar al gasoil mineral importado y gravar al biodiesel de producción nacional es ilegítimo e inconstitucional; se trata de una política de anti compre nacional que viola varios principios tributarios y es opuesta al agregado de valor en origen, que suena contradictoria con los fundamentos del modelo nacional y popular que tanto promueven los referidos funcionarios del Ministerio de Economía”, añadió.

Molina además dijo que “es increíble que, siendo desde hace mucho tiempo más barato el biodiesel que el gasoil importado, se apueste por este último, basándolo en un armado tributario ad hoc, que en la práctica termina transfiriendo importantes beneficios a las compañías petroleras en su conjunto, más allá de lo que puede corresponder al Estado por su participación en el paquete accionario de YPF. Además, se afecta negativamente el balance de divisas, mientras hay varias fábricas de biodiesel paradas, poniendo en riesgo un importante número de puestos de trabajo”.