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A partir de ahora toda actividad productiva en Córdoba deberá pasar por el filtro de las autoridades ambientales: los nuevos proyectos podrán ser sometidos a una “consulta popular”

Así lo dispone una norma aprobada la semana pasada por la Legislatura provincial.
A partir de ahora toda actividad productiva en Córdoba deberá pasar por el filtro de las autoridades ambientales: los nuevos proyectos podrán ser sometidos a una “consulta popular”

En los próximos cuatro meses las autoridades del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba deberán convocar a “distintos sectores y actores sociales” para que, en un “proceso participativo”, establezcan un “ordenamiento ambiental del territorio”.

Así lo determina la nueva “Ley de Política Ambiental Provincial” aprobada la semana pasada por una amplia mayoría de legisladores cordobeses (el proyecto base de la norma fue promovido por el gobernador José Manuel de la Sota).

Para elaborar el “ordenamiento ambiental”, la norma dispone que los funcionarios cordobeses deberán tener en cuenta la “vocación de cada zona o región en función de sus recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica” (sic) y “la distribución de la población y sus características particulares”, entre otros aspectos.

La norma determina que entre las actividades que estarán obligadas a realizar una “presentación de estudio de impacto ambiental y audiencia pública” se encuentran los desmontes sobre los montes protegidos o permanentes; plantas de silos con una capacidad de acopio superior a 2500 toneladas; explotaciones avícolas con capacidad para alojar diariamente a más de 100.000 pollos ó 20.000 pavos; planteles porcinos, ovinos o caprinos de crianza o engorde con capacidad para alojar diariamente una cantidad, equivalente en peso vivo, igual o superior a 50 toneladas; y corrales de engorde con capacidad superior a 300 cabezas “por más de un mes”.

Las explotaciones productivas no comprendidas –por menor escala– en el párrafo anterior, deberán, de todas maneras, presentar un “aviso de proyecto”, el cual eventualmente también podrá – si el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos así lo dispone– derivar en la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental. Esto último también comprende a las explotaciones forestales, mataderos, frigoríficos, industrias que realicen “transformaciones de productos agropecuarios susceptibles de alterar el ambiente”, “proyectos de explotación vegetal o animal de recursos naturales autóctonos” y “campañas rurales de aplicación de plaguicidas”.

Para poder cumplir con las nuevas exigencias, la norma dispone la creación de la “Comisión Técnica Interdisciplinaria para la Evaluación del Impacto Ambiental”, la cual estará integrada por “representantes de los ministerios, organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial y entes descentralizados del Estado Provincial designados por sus respectivos organismos”.

La norma señala que “los proyectos aprobados y que en su proceso de Evaluación de Impacto Ambiental hayan sido categorizados como de Alta Complejidad Ambiental, que generen especial conflicto social, deben ser sometidos a Consulta Popular”.

El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos ahora podrá disponer que una persona o empresa deba contratar obligatoriamente un seguro ambiental “con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir” (sic).

La norma también dispone la creación de un Fondo de Protección Ambiental Provincial (FoPAP), el cual, seguramente, necesitará nuevos aportes para ser financiado. Los recursos de este nuevo Fondo Ambiental se destinarán para “iniciativas ciudadanas orientadas a proteger, conservar o recuperar la naturaleza, el ambiente y/o el patrimonio ambiental” y “sostener los planes ambientales territoriales, los planes estratégicos ambientales y los planes quinquenales de salud”.

La normativa indica que los “sujetos titulares de la actividad generadora” de un pasivo ambiental o los propietarios de los inmuebles –en el caso de que no se pueda ubicar al titular de la actividad– están obligados a recomponer dicho pasivo. “En caso que no pudiere ser establecida la identidad o ante la imposibilidad de ubicarla físicamente, las responsabilidades recaen en el titular dominial del inmueble donde se originó el pasivo ambiental”. Para tal fin se creará un Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia de Córdoba (RePA).

El texto completo de la “Ley de Política Ambiental Provincial” de Córdoba puede descargarse aquí.

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