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Combo legislativo: el gobierno se prepara para trasladar el 100% del ajuste que se viene al sector privado

Qué hay detrás de las iniciativas oficiales que se están tratando en el Congreso.
Combo legislativo: el gobierno se prepara para trasladar el 100% del ajuste que se viene al sector privado

Primero de septiembre de 2011. El entonces presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, asistía a Tecnópolis para aplaudir a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y decir “hoy podemos mirar nuestro futuro con optimismo y delinear juntos la base para que la Argentina acelere el paso, cuantitativo y cualitativo, hacia el desarrollo”.

Tres años después los representantes de las grandes empresas que integran la UIA se preparan para lo inevitable: esta semana se aprobaron dos proyectos legislativos diseñados por funcionarios del gobierno kirchnerista para intervenir todos los órdenes del sistema económico privado.

El primero de ellos es el más sutil. El artículo 219 del régimen de contrato de trabajo (Ley 20.744 creada en 1976) dispone que los empresarios pueden suspender trabajadores con “justa causa” por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, razones disciplinarias o fuerza mayor debidamente comprobada.

Un proyecto kirchnerista –aprobado esta semana en Diputados y girado al Senado– modificó tal artículo al agregar el siguiente texto: “A los efectos previstos por esta norma no se considerará disminución o falta de trabajo no imputable al empleador aquella que obedeciera al riesgo propio de la empresa”. Es decir: las empresas ya no tendrán posibilidad de suspender trabajadores debido a la recesión económica.

La semana que viene se aprobará en el Senado –donde el kirchnerismo tiene mayoría– el proyecto para modificar la Ley de Abastecimiento (creada en 1974), por medio del cual se habilita al Estado a intervenir en todas las decisiones empresarias presentes en la totalidad del proceso productivo.

El proyecto, denominado “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo”, brinda al Estado la posibilidad de “establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas” (sic).

En diversos ámbitos empresarios se prevé que, una vez aprobadas ambas iniciativas legislativas, el gobierno kirchnerista aplicará una nueva mega-devaluación del peso argentino (probablemente más profunda que la instrumentada a comienzos de este año) para revertir el atraso cambiario.

La contrapartida de tal medida será obligar a las grandes empresas a retener personal y congelar los precios mayoristas y minoristas de una amplia gama de bienes básicos. Los que se nieguen a aceptar las nuevas reglas de juego, según determina el proyecto oficial, podrán recibir multas, clausuras, inhabilitaciones y sufrir decomisos de mercadería (que posteriormente puede ser revendida por el gobierno).

En los hechos, tal política está orientada a trasladar completamente al sector privado el 100% del ajuste que se viene con nueva devaluación del peso (que es una medida casi obligada, dado que los márgenes de los sectores exportadores, únicos generadores de divisas en la actualidad, comenzaron nuevamente a ser carcomidos por la inflación).

El único sector que no estará obligado a congelar precios en el escenario que viene será el de los combustibles. Y eso porque la mayor parte de la cuota de ese mercado está en manos de la compañía estatal YPF.

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