Tierra arrasada: el default agrícola argentino comprometerá la gobernabilidad en 2016
En diciembre próximo asumirá una nueva administración nacional.
El asesinato del fiscal Alberto Nisman es el último ladrillo de un muro en el cual todos los habitantes del orbe civilizado pueden leer, escrito en color rojo, un grafiti que dice “Nadie está seguro en la Argentina”.
El año pasado fue carísimo el costo generado por un nuevo default soberano combinado con la denuncia ante la OMC que, lejos de circunscribirse a un producto (como es habitual), cuestiona el cercenamiento de la libertad que experimentan los empresarios que deben importar bienes para poder desarrollar su actividad.
La Inversión Extranjera Directa (IED) neta recibida por la Argentina en 2014 fue de apenas 2945 millones de dólares, según datos preliminares publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Se trata de una cifra inferior a la recibida el año pasado por Chile (5500 M/u$s) y Uruguay (3000 M/u$s).
En 2009, cuando el sistema económico global estuvo a un paso de colapsar debido a la crisis financiera, la IED neta recibida por la Argentina fue de 3307 millones de dólares.
Podemos ceder parte del territorio nacional a China a cambio de yuanes (de paso contribuimos gratis a crear una nueva divisa global). Podemos transformarnos en una factoría colonial china hipotecando a la próxima generación de argentinos (tal como pretender hacer el gobernador entrerriano Sergio Uribarri con un proyecto de riego financiado, construido y gestionado por empresas chinas). Podemos seguir promoviendo la desintegración soberana para vivir un día más. Eso sí: no podemos saber qué puede llegar a pasar el día que defaultemos a los chinos.
La escasez de divisas provenientes de la IED –producto de la fábrica de desconfianza en la que se ha transformado el país– hace a la Argentina extremadamente dependiente de los dólares generados por el campo en un momento en el cual los precios internacionales de los commodities agrícolas se están destruyendo.
La mala noticia es que, con los actuales precios esperados de la soja en cosecha (unos 240 u$s/tonelada en mayo próximo), la mitad del área sojera argentina –en campo alquilado– registrará pérdidas, mientras que la otra mitad –en campo propio– tendrá, aún con una buena cosecha, un ingreso que no será suficiente para volver a sembrar la misma cantidad de hectáreas que en 2014. Retirado el Banco Nación de escena –gentileza del gobierno kirchnerista– las tasas bancarias presentes en el mercado local son imposibles de afrontar por todo aquel empresario agrícola que carezca de tendencias suicidas.
Los encargados de gestionar la política económica del gobierno nacional eliminaron las retenciones al petróleo para evitar que ese sector se caiga a pedazos con los actuales precios internacionales del crudo. No sucedió lo mismo con el campo. Y estamos a un paso de ver cómo se cae a pedazos el agro argentino.
Este año tenemos asegurada la cosecha. Pero en 2016, si el área sembrada en la Argentina disminuye de manera importante por falta de capital de trabajo, la disponibilidad de divisas que tendrá la nueva administración nacional podría llegar a ser insuficiente para asegurar la gobernabilidad (en un momento en el cual el déficit energético reconocido superó el año pasado los 6200 M/u$s).
Quedarse a mirar lo que pasa este año, sin hacer nada al respecto, es la mejor manera de saber que habrá un incendio el año que viene. El problema argentino –dicen algunos– es el gobierno. Ojalá fuese tan fácil. El verdadero problema es la falta de alternativas.
Ezequiel Tambornini
