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Un grupo de diputados kirchneristas presentó un proyecto que propone la completa intervención estatal de los agroinsumos, producción y comercio exterior de commodities agrícolas para controlar la principal fuente de generación de divisas presente en la economía argentina.

La iniciativa –firmada por Carlos Kunkel, Adriana Puiggros, Jorge Rivas y Leonardo Grosso– dispone la creación del “Instituto Argentino para la Promoción de Cereales y Oleaginosas”, el cual podrá “ejercer el comercio nacional e internacional de aquellos productos en cuya compraventa deba intervenir en cumplimiento de sus objetivos”.

Entre los objetivos del nuevo organismo se incluyen “garantizar el normal abastecimiento interno de la totalidad de los cereales y oleaginosos”, “proteger y promover al acceso a la alimentación del conjunto de los argentinos”, “promover la industrialización en origen de la producción granaria” y “proteger a los pequeños y medianos productores”, entre otros clichés clásicos del relato kirchnerista.

La iniciativa también habilita intervenir en la provisión de insumos a los productores “de manera de asegurar equidad y sustentabilidad tecnológica”; intervenir en todo lo atinente a la comercialización, almacenamiento, transporte y embarque de commodities agrícolas; establecer precios de referencia y mínimos para los distintos cultivos; y ejercer el control de “todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o exterior de granos y sus subproductos, las que deberán ajustar sus actividades a lo dispuesto en este decreto y a las reglamentaciones pertinentes”.

También se indica que el “Instituto Argentino para la Promoción de Cereales y Oleaginosas deberá otorgar prioridad a la elaboración de los proyectos de ley de declaración de utilidad pública y expropiación de los bienes que resultaran necesarios para la construcción de la infraestructura material necesaria para el cumplimiento de sus objetivos”.

En los fundamentos del proyecto se expresa que “el organismo que proponemos crear tendrá objetivos mucho más amplios que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) o la Junta Nacional de Granos.

“La carencia de un órgano como el propuesto trajo como consecuencia la transferencia de las capacidades regulatorias a las grandes trasnacionales cerealeras, que fijan precio y manejan la entrada de divisas de las exportaciones agropecuarias, apropiándose de significativa proporción de la renta agraria y, al transferirla, incrementan los tradicionales problemas de la restricción externa”, indica.

“Pese a las severas resistencias del sector agro exportador, el gobierno nacional ha desarrollado el mecanismo de los derechos de exportación como herramienta para diferenciar el precio interno del alimento de los argentinos de los valores internacionales. Consideramos que la política de protección del acceso a la alimentación de los argentinos debe perfeccionarse. El mercado de cereales y oleaginosas comparte insumos y el principal factor productivo (la tierra) con el resto de la producción de alimentos, por lo cual el instituto propuesto tendrá capacidad de intervención en el conjunto de la producción alimenticia, directa e indirectamente”, asegura el proyecto.

“Además, cabe destacar que la fuerte retracción del flujo de divisas efectuada por los operadores de este mercado terminó provocando una fuerte corrección cambiaria dada la escasez de divisas y la pérdida de reservas del BCRA (Banco Central). El brusco aumento del tipo de cambio afecta a los precios internos, con la consecuente retracción del poder adquisitivo de los salarios y, en consecuencia, del consumo en general, incidiendo así sobre el nivel de actividad económica y el de empleo”, relata la iniciativa.

“El control de la política cambiaria, componente central de todo plan económico en nuestro país, ha demostrado así una fuerte dependencia de los operadores del mercado de granos y oleaginosas. Consideramos necesario modificar esta realidad”, apunta.