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El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, anunció la finalización oficial del conflicto con Monsanto y aseguró que en agosto próximo se enviará al Congreso un proyecto de Ley de Semillas consensuado con todos los representantes de la cadena agrícola.

“Llegamos a un acuerdo con toda la cadena para dar previsibilidad en la comercialización de granos”, indicó Buryaile. “Fortalecemos al Inase para que nuestro país pueda combatir la ilegalidad en semillas”, añadió durante una conferencia de prensa realizada hoy en la sede porteña de Agroindustria.

En lo que queda por comercializar de la soja 2015/16, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) validará los sistemas de análisis implementados por los laboratorios de los Cámaras Arbitrales de las Bolsas de Cereales porque, según indicó el presidente de ese organismo, Raimundo Lavignolle, “no tiene sentido duplicar capacidad operativa para hacer algo que ya se está haciendo”.

Sin embargo, el presidente del Inase –presente en la conferencia– aclaró que el “hecho de ser un convenio no implica que se va a transferir la potestad del Estado” a un privado y afirmó que “la capacidad de decisión siempre va a estar dentro del Estado”.

Lavignolle además aseguró que el organismo se encuentra incorporando “personal técnico y legal” para el control de semilla ilegal, además de implementar un sistema de Declaración Jurada de semilla de soja y trigo de uso propio “más amigable”.

Buryaile remarcó que el Inase será el único organismo de control y fiscalización de legalidad de semillas y que, para eso, “se van a celebrar convenios con organismos públicos y privados, de manera tal de poder hacer controles selectivos” de semillas en destino (acopios, exportadores e industrias oleaginosas). “A partir de ese momento, si la semilla es ilegal, se procederá a sancionar (a los infractores) y los obtentores que crean tener derecho sobre la propiedad de la semilla, podrán reclamar en la Justicia” explicó.

El lunes de la semana que viene se reunirán los integrantes del comité técnico encargado de evaluar los sistemas implementados por las diferentes Cámaras Arbitrales. Una vez que los mismos sean validados por el Inase, la detección de semilla ilegal en destino pasará formalmente a manos del Estado.

“Hay un concepto que debe quedar claro: el control del comercio de granos en Argentina es responsabilidad del Estado”, afirmó Buryaile. En referencia a la cláusulas compulsivas introducidas en los contratos de compraventa de soja –en sus variantes “Monsanto” y “Bolsatech”– Buryaile indicó que “no hay obligatoriedad de firma de contratos por parte de los productores”.

En otro orden, Buryaile indicó que “este año vamos a enviar al Congreso una (nueva) Ley de Semillas acordada con todos los sectores involucrados, que nos parece muy importante, porque nadie tiene que tener primacía sobre otro”.

El funcionario indicó que el objetivo es enviar el proyecto de la nueva ley en agosto próximo a la Cámara de Diputados (para lo cual ya iniciaron contactos con el presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados Gilberto Alegre). En cuanto al texto del proyecto, Buryaile aseguró que “todavía lo estamos terminando (de redactar)”, para luego añadir que la iniciativa va a preservar el uso propio gratuito para los pequeños productores, mientras que, quienes no entren en esa categoría, deberán abonar una regalía para brindar “sustentabilidad a la industria” semillera.

El ministro de Agroindustria indicó que el proyecto intentará representar “la mejor Ley de Semillas que pueda ser sostenida entre todas las partes” porque “cuando una ley ingresa al Congreso con suficiente consenso, el Poder Legislativo la acepta (sin modificarla)”.

“Si tenemos una ley que otorgue seguridad jurídica, seguramente van a venir más inversiones (al sector semillero y biotecnológico)”, concluyó.