Ya está listo para ser aprobado en Diputados el proyecto de gestión de envases de fitosanitarios: será reglamentado por Agroindustria y Ambiente
Tiene dictamen y será enviado al recinto de la Cámara baja.
El proyecto kirchnerista de gestión de envases vacíos de fitosanitarios –que ya cuenta con media sanción del Senado– obtuvo hoy dictamen favorable en una reunión conjunta realizada por las comisiones de Ambiente, Industria y Agricultura de la Cámara de Diputados.
La iniciativa –que fue votada en su mayor parte por diputados kirchneristas y del PRO– ahora será enviada al recinto de Diputados donde seguramente será aprobada para transformarse en ley.
El proyecto denominado “presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios”–que fue elaborado en 2014 por el ex ministro kirchnerista de Agricultura Carlos Casamiquela y el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich– dispone que las empresas de agroquímicos serán responsables de “la formulación, operación y mantenimiento” de la “gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios” por medio de la prevención en la generación, reutilización, reciclado, valorización y disposición final.
La “gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios” deberá, según indica el proyecto, “determinar procedimientos específicos, pudiendo incluir incentivos económicos que aseguren la devolución de los envases vacíos por parte del usuario”. Y aclara que para tal fin se “podrá condicionar la venta de fitosanitarios a aquellos usuarios que no realizaran su devolución”.
La iniciativa dispone que “usuario y aplicador serán objetivamente responsables de garantizar el procedimiento de reducción de residuos” por medio del triple lavado (establecido en la norma IRAM 12.069) y entregar los envases en un “centro de almacenamiento transitorio”, para lo cual “podrán utilizar un transporte que no requiera de una habilitación específica”.
El proyecto indica que los centros de almacenamiento transitorio serán responsabilidad de las empresas elaboradoras de fitosanitarios, aunque también menciona que los comercializadores de agroquímicos deberán “colaborar” con las mismas en la “administración y gestión” de dichos centros.
Las sanciones por incumplimiento de lo dispuesta en la normativa comprenden apercibimiento, multas, suspensión de la actividad por 30 días a un año y clausura temporaria o permanente. “Cuando el infractor fuere una persona jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas, junto con sus directores, administradores y/o gerentes”, señala el proyecto.
Si bien el proyecto cuenta con algunas cuestiones poco claras y baches conceptuales, diputados del PRO prefirieron darle una salida rápida para posteriormente, una vez vigente, subsanar la norma por medio de la reglamentación.
Entre los aspectos controvertidos del proyecto se incluyen el hecho de que la autoridad de aplicación de la norma es compartida entre los ministerios de Agroindustria y de Ambiente; la obligación, por parte de los productores, de establecer en el campo instalaciones para el adecuado almacenamiento temporal de los envases (algo que requiere una inversión); la obligación de trasladar los envases a los centros de acopio autorizados (¿qué sucede si el más cercano queda a 300 kilómetros?); y multas excesivas (300 a 10.000 salarios básicos de la Administración Pública Nacional), entre otros aspectos.
