Para algunos afortunados sí existe la ayuda estatal: subsidiar a la industria ensambladora fueguina cuesta 173.000 pesos mensuales por trabajador
Contraste brutal con la situación de muchos sectores del agro.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego tendrá este año un costo fiscal estimado de 173.000 pesos mensuales por trabajador empleado en las plantas de ensamblaje de piezas importadas.
El dato, calculado por el economista Federico Muñoz, contrasta con la escasa ayuda que reciben otros sectores –como el lechero, frutícola o vitivinícola– a partir de los problemas estructurales que vienen registrando por el “atraso cambiario” vigente desde 2011.
Las empresas que participan del régimen de promoción este año recibirán beneficios superiores a 30.000 millones de pesos para traer piezas –fundamentalmente de China– que luego son ensambladas en Tierra del Fuego para “fabricar” artículos digitales y electrodomésticos, los cuales son comercializados a valores demasiado elevados para el crecientemente pauperizado poder de consumo de la mayor parte de la población argentina.
Una de las empresas beneficiarias de la renta extraordinaria promovida por el régimen fueguino es Mirgor, la cual es controlada por Nicolás Caputo (uno de los mejores amigos del presidente Mauricio Macri) y cuyo papel en la Bolsa de Valores de Buenos Aires subió un 560% en el último año (lo que indica que algunos inversores prevén una larga vida al régimen de promoción industrial).
La contracara de la estafa fueguina es un déficit comercial absurdo con China que, en los primeros siete meses de 2016, acumula un agujero de 3125 millones de dólares (cuando, al tratarse de una nación que importa volúmenes gigantescos de alimentos, debería generar superávit comercial para una nación de base agroindustrial).
No se trata de una novedad: Argentina viene registrando desde 2008 un déficit comercial creciente con China a partir del proceso primarizador de la economía instrumentado por el kirchnerismo (en el año 2015 dicho déficit alcanzó un récord de 6395 millones de dólares).
Las provincias de la zona pampeana argentina, lejos de contar con beneficios similares a los petroleros, siguen siendo objeto de políticas extractivas de recursos por parte del gobierno nacional al mantener un derecho de exportación del 30% sobre el poroto de soja y del 27% sobre la harina y el aceite de soja (parte del cual es redistribuido a las provincias petroleras por medio del “Fondo Federal Solidario”).
El “atraso cambiario” en un marco de elevada inflación torna inviable a las actividades agroindustriales que dependen del flujo constante de ingresos provenientes de exportaciones.
