Buryaile logró dar de baja una retención privada de 4 u$s/tonelada que había implementado el kirchnerismo para expoliar a las economías regionales
Se trata del certificado de Transporte Argentino Protegido.
Las autoridades de la Administración General de Puertos eliminaron una suerte de “retención privada” instrumentada en 2011 por el régimen kirchnerista: se trata del denominado certificado de Transporte Argentino Protegido (TAP) que hasta esta semana debían abonar obligatoriamente todos los productos exportados en contenedores.
“Esta medida, oportunamente solicitada por el Ministerio de Agroindustria, significa una reducción de 4,0 dólares por tonelada comercializada (88 dólares + IVA por contenedor) en el exterior desde las terminales del puerto de Buenos Aires”, indicó un comunicado difundido por el organismo presidido por Ricardo Buryaile.
«Cabe destacar que durante el primer semestre del año 2016 se exportaron aproximadamente 1.350.000 toneladas en contenedores de origen agroindustrial, entre los que se encuentran carnes, cueros, frutas, jugos, bebidas, algodón, aceites, madera, maní y legumbres. Teniendo en cuenta los envíos del primer semestre y las proyecciones para la segunda mitad del año, se estima que esta medida tendrá un impacto de 12 millones de dólares para el sector agroindustrial”, añadió.
El TAP era gestionado por Ivetra, una compañía administrada en sus inicios por personas vinculadas con el sindicalista Hugo Moyano. Pero en 2012, al distanciarse de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la gente de Moyano comenzó a experimentar dificultades para operar.
La mayor embestida kirchnerista contra Moyano –ex aliado del gobierno K– fue una denuncia emprendida por el entonces titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles, por supuesta defraudación contra la administración pública en lo que respecta a irregularidades instrumentadas por Ivetra en las terminales portuarias.
Finalmente, a mediados de 2012 los representantes de Moyano en el directorio de Ivetra –entre los cuales estaba ex juez Daniel Llermanos– fueron reemplazados por integrantes de la empresa Administrative Processing Center, la cual había sido la encargada de diseñar el curro del “Transporte Argentino Protegido”.
A partir de esa movida, la embestida kirchnerista contra Ivetra se evaporó. Y el TPA –disfrazado de un seguro para contenedores– volvió a convertirse (hasta esta semana) en un costo adicional de exportación.
Administrative Processing Center es una de las empresas encargadas de financiar el Programa Ejecutivo en Management Portuario y Logística del Comercio Internacional y el Programa de Profesionalización del Trabajador Portuario ofrecido la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA.
