Denuncian irregularidades graves en la aprobación del proyecto de creación del Parque Nacional Iberá
La mayor parte de los productores correntinos están furiosos con la iniciativa.
El viernes pasado el presidente Mauricio Macri firmó el documento por medio del cual se formalizó una donación de tierras, por parte de Conservation Land Trust, para crear en la provincia de Corrientes el “Parque Ecoturístico Iberá”.
Pero –insólitamente– la cesión de las tierras había sido aprobada por el Senado de Corrientes el 1 de septiembre pasado. Se hizo por medio de la sanción de un proyecto que dispone “crear un Parque Nacional de aproximadamente 157.000 hectáreas y una Reserva Nacional de aproximadamente 23.000 hectáreas, respectivamente, que tendrán por nombre Iberá”.
El proyecto –ahora validado por el Poder Ejecutivo nacional– indica que el Parque Nacional Iberá estará conformado por cuatro “núcleos” (Cambyretá, Rincón del Socorro, San Nicolas/San Alonso y Carambola) que, además de estar separados entre sí, tienen un contorno irregular que, por su conformación, abarca a otras propiedades privadas que actualmente forman parte de la Reserva Provincial del Iberá.
La aprobación del proyecto fue rechazada por la mayor parte de los productores correntinos, quienes, el domingo 11 de septiembre abuchearon al gobernador correntino Ricardo Colombi durante el acto de inauguración del la Exposición Rural de Mercedes (de dónde es oriundo Colombi).
El jueves pasado, un día antes del anuncio de la formalización de la donación de tierras, el propio Colombo viajó hasta la ciudad de Buenos Aires para anunciarle personalmente a Macri la aprobación del proyecto de cesión de tierras provinciales a la Nación. “Es un proyecto que lo entusiasma muchísimo al presidente (Macri)”, aseguró el senador Sergio Flinta, autor del proyecto, con respecto a la creación del Parque Nacional Iberá.
La iniciativa fue rechazada por seis diputados provinciales correntinos (Martín Barrionuevo, Alicia Locatelli, Anahí Moray, María Giraud, Mercedes Yaggedú y Norberto Parodi), quienes consideraron que la misma no se ajusta a las normas vigentes.
Los diputados, por medio de un dictamen de minoría, sostienen que el proyecto de cesión de tierras viola el artículo 58 de la Constitución de Corrientes, el cual determina que “la Nación no puede disponer de los recursos naturales de la provincia sin acuerdo previo instrumentado mediante leyes convenio que contemplen el uso racional de los mismos, las necesidades locales y la preservación del recurso y el ambiente”.
En ese marco, los diputados indican que el proyecto “no prevé ningún procedimiento o sanción de ley convenio en el manejo de los recursos naturales que contemple y garantice el tratamiento de los productores linderos; tratamiento de pobladores originarios, plan de manejo conjunto Provincia-Nación y sistema y limitaciones de tránsito por las rutas 40 y 22 (norte) que quedan dentro del parque nacional en parte de su trazado”.
Los diputados además denunciaron que era precipitado realizar una cesión de tierras a la Nación sin tener la certeza de una donación por parte del propietarios privados de las mismas. “Solo existe (a la fecha de aprobación del proyecto) una intención de donación al Estado Nacional por parte de una sociedad anónima, Conservation Land Trust, y una fundación, Fundación Flora y Fauna, sobre terrenos que no les pertenecen en su totalidad, ya que hay al menos cinco propietarios de las tierras ofrecidas, uno de ellos fallecido Douglas Thompkins, para lo cual resulta evidente primero concluir dicha sucesión”, sostiene el dictamen de minoría.
También denunciación que el proyecto no dispone de “ni una sola mensura en el expediente”, lo cual se considera grave “si tenemos en cuenta que es la primera vez en la historia que se intenta crear un Parque Nacional con cuatro núcleos, generando mayor preocupación en los productores que quedan abarcados entre los mismos, debido a la atomización territorial que ello implica” (ver mapa).
Por otra parte, la cesión de tierras tampoco cumple con lo estipulado por el artículo 2 de la Constitución de Corrientes, el cual establece que todo proyecto de modificación territorial deberá ser sancionado dos veces por ambas cámaras legislativas y se determina además “que la primera y segunda sanción estén espaciadas por un período legislativo, exigiéndose en ambas oportunidades los dos tercios de votos del total de miembros de cada Cámara.” Los diputados recuerdan que ese “procedimiento fue el utilizado en el único antecedente en la provincia con la creación del Parque Nacional Mburucuyá, donde se dio la doble sanción luego de la donación efectiva de las tierras privadas”.
En el sitio de Conservation Land Trust se indica que “en la cuenca del Iberá aún persisten arroceras que utilizan grandes cantidades de agua para el riego del arroz”. Y añade que “actualmente los principales impactos de esta actividad agrícola sobre las aguas del Iberá están relacionados con el uso de fertilizantes y pesticidas, que muchas veces son esparcidos mediante el uso de avionetas”.
Irónicamente, mientras Macri anunciaba la donación de las tierras correntinas junto a Kristine McDivitt, viuda del empresario Douglas Tompkins, en la ciudad de Buenos Aires se desarrollaba el Congreso Nacional CREA, en el cual se presentó el caso de Arrocera San Carlos, una empresa que logró producir pacú en un esquema de rotación con arroz para demostrar que ambas actividades son ambientalmente sostenibles.
Los antecedentes de la creación del Parque Nacional Iberá se remontan al año 2002 con el establecimiento de un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo denominado “Manejo y conservación de la biodiversidad en los humedales en los Esteros del Iberá” (ARG/02/G35), el cual señala que el mismo “ofrece una oportunidad única para aprovechar los recursos de un grupo de conservación internacional que adquirirá las tierras que aún quedan en manos privadas dentro del área protegida (Iberá), para colocarlas bajo un estricto control para su conservación”.
