Todo suma: el gobierno gestiona la reducción de costos portuarios para mejorar la competitividad de las exportaciones agroindustriales
El costo de los servicios había sido fijado durante la fase de auge de precios agrícolas.
La semana pasada el subsecretario de Puertos y Vías Navegables Jorge Metz negoció con representantes de la Cámara Argentina de Practicaje y Pilotaje una reducción de tarifas del 20% para los buques que importen recursos energéticos contratados por las estatales YPF, Cammesa y Enarsa
Y esta semana comenzaron a negociarse rebajas para los servicios de practicaje de buques graneleros y aceiteros que operan en las principales terminales portuarias argentinas (se trata, en todos los casos, de tarifas dolarizadas).
El servicio brindado por los prácticos –profesionales con experiencia en conducción y maniobra de buques de gran porte que se encargan de que los mismos lleguen sin inconvenientes a los accesos– constituye el principal costo portuario en las terminales de la zona de influencia de Rosario: alrededor de 2,0 u$s/tonelada sobre un total de 4,8 u$s/tonelada para buques graneleros (en segundo lugar se ubica el peaje cobrado por Hidrovía S.A. que es del orden de 1,5 u$s/tonelada).
A fines de agosto pasado, también a partir de gestiones instrumentadas por Metz, las autoridades de la Cámara de Armadores de Remolcadores se comprometieron a reducir en un 20% el precio de la tarifa de remolque (que es el principal costo portuario en las terminales de Bahía Blanca y Quequén).
“Sólo lograremos hacer crecer a nuestras exportaciones e incentivar a los productores argentinos a incrementar su producción, si tenemos costos internacionalmente competitivos”, aseguró Luis Zubizarreta, el presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, por medio de un comunicado.
Zubizarreta “consideró muy auspiciosa la reducción de los costos de los servicios de remolque y practicaje, así como la eliminación de la obligatoriedad del certificado de Transporte Argentino Protegido (TAP) y la derogación de la disposición 1108, que prohibía los trasbordos de mercaderías en los puertos de Uruguay, decisiones que van en línea con la política de eficientizar los flujos de comercio exterior”.
Por su parte Guillermo Wade, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, indicó que “desde la Capym vemos con satisfacción el apoyo del gobierno nacional en su trabajo para acomodar tarifas versus servicios”. Y añadió que “alentamos esperanzas a que siga por este camino para, por ejemplo, eliminar las asimetrías en la hidrovía Paraguay/Paraná”.
