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Los productores afectados por inundaciones que perderán parte de la cosecha prevista de soja deberán transferir –de todas maneras– un 30% de sus ingresos totales al Estado nacional.

Veamos un ejemplo. Un productor que sembró en esta campaña 200 hectáreas de soja de primera esperando obtener un rinde de 4000 kg/ha, proyectó –con un precio esperado a mayo de este año de 270 u$s/tonelada– un ingreso bruto de 216.000 dólares.

Si la soja no estuviese gravada con un derecho de exportación del 30%, entonces el ingreso bruto esperado de esa siembra sería de 304.000 dólares. Es decir: si todo sale como lo previsto, entonces la transferencia al Estado en concepto de retenciones sería de 88.000 dólares.

Pero –inundación mediante– se pierden 100 de las 200 hectáreas de soja. Sólo considerando los costos directos –sin arrendamiento– esa pérdida en esta campaña es del orden de los 22.000 dólares (parte de la cual, en caso de estar asegurada, será cubierta por la compañía aseguradora).

Quedan 100 hectáreas. Suponiendo que el cultivo afectado por los excesos hídricos pueda recuperarse sin problemas –algo difícil pero no imposible– para finalmente lograr una cosecha de 4000 kg/ha, entonces el ingreso bruto obtenido en mayo (cosecha) se ubicaría en 108.000 dólares.

Pero si la soja no estuviese gravada con un derecho del 30%, entonces el ingreso bruto en ese escenario sería de 152.000 dólares. Es decir: a pesar de la pérdida registrada por la inundación, el productor igualmente transferirá al Estado nacional 44.000 dólares en la presente campaña.

Los empresarios agrícolas –en su conjunto– son los principales inversores de la economía argentina. En el ciclo 2016/17 se prevé que la inversión en los cultivos de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, considerando arrendamientos en el 50% del área agrícola total, superará los 12.000 millones de dólares (ver planilla).