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Entró en vigencia el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio firmado por 110 naciones: pero la Argentina no lo validó

La economía local sigue cerrándose.
Entró en vigencia el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio firmado por 110 naciones: pero la Argentina no lo validó

Hoy 22 de febrero entró en vigor el primer acuerdo multilateral concluido en los 21 años de existencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Al recibir cuatro nuevas ratificaciones – de Ruanda, Omán, Chad y Jordania– la OMC obtuvo la aceptación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) por parte de dos tercios de los 164 Miembros de la organización (mínimo requerido para la entrada en vigor del AFC).

“Los países desarrollados se han comprometido a aplicar inmediatamente el acuerdo, que prevé una amplia gama de reformas en materia de facilitación del comercio”, indicó la OMC por medio de un comunicado.

El AFC fue aceptado por EE.UU., Canadá, la Unión Europea (UE-28), Suiza, Noruega, Japón, China, Taiwán, Corea, Australia, Nueva Zelanda, India y Rusia, entre otras grandes naciones.

En Latinoamérica las principales naciones de la región que forman parte del AFC son México, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Pero Argentina, Ecuador y Colombia no validaron el acuerdo.

“Las disposiciones del AFC incluyen mejoras en la disponibilidad y la publicación de información sobre los procedimientos y las prácticas transfronterizos, mejores derechos de recurso para los comerciantes, menores tasas y formalidades en relación con la importación y la exportación de mercancías, procedimientos de despacho más rápidos y mejores condiciones para la libertad de tránsito de las mercancías”, indicó la OMC.

“El acuerdo también contiene medidas para la cooperación efectiva entre las aduanas y otras autoridades en cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros”, añadió. Un estudio de la OMC proyectó el AFC aumentaría el valor de las exportaciones mundiales en un rango de 750.000 millones de dólares a un billón de dólares.

El anuncio de la OMC coincide con una denuncia de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA) relativa a restricciones burocráticas para el ingreso de mercadería implementadas por medio del régimen de Licencias No Automáticas (LNA).

«A tan sólo doce meses de empujar trabajando en equipo los temas de importación para normalizar el flujo de comercio, sin explicación alguna las instituciones no son más bienvenidas por la Dirección de Importaciones de la Secretaría de Comercio y las empresas comienzan a estar sometidas a viejas prácticas de recibir llamados de operadores para negociar un acuerdo de importación para el año en curso. ¿Acaso la OMC no prohíbe los cupos de importación?”, apuntó un comunicado difundido por CIRA.

CIRA además explicó que los operadores solicitan una planilla con el detalle de la importación por realizar que “debe ser enviado a casillas genéricas de correo eléctrico, que habitualmente están saturadas y donde no hay capacidad de respuesta en los tiempos en que el sector empresarial demanda”.

“Los plazos de 60 días para expedirse sobre las LNA no se cumplen”, apuntó. “El ida y vuelta de la comunicación con la Secretaría es tan lento que se incurren en costos excesivos y en desesperaciones por no poder prever la nacionalización de la carga”, añadió el comunicado.

También alertó que “hay materias primas e insumos esperando aprobación de licencias en puerto (por caso, las fibras textiles (materia prima para producir) se pudren por efecto de la humedad en la eterna espera, en puerto, de la obtención de una licencia); industrias que corren riesgos de ver afectada su producción; repuestos para bienes de capital esperando recibir su aprobación para que salgan de Ezeiza, y tantos otros casos y situaciones que deben ser evaluadas con detalle, pero que sin diálogo es imposible de resolver”.

CIRA explicó que hoy las empresas enfrentan altísimos costos por exceso de almacenaje de mercaderías en puerto, además del perjuicio comercial al que se ven sometidos por no cumplir con las obligaciones contractuales en tiempo y forma. “Claro que todos los excesos van al precio final y, una vez más, la ineficiencia la terminamos pagando todos los argentinos”, afirmó.

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