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“Es un tema complicado en cuanto a las diferencias de criterios entre lo que son y no son humedales. Es necesario encontrar un equilibrio que vamos a intentar buscar consultando a especialistas del INTA, que son quienes más conocimiento tienen de estas cuestiones, porque si nos atenemos a una definición muy estricta, dejamos afuera a muchas zonas productivas”.

Así lo indicó hoy el diputado y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Gilberto Alegre (Massismo), durante una charla abierta con el diputado y vicepresidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Juan Carlos Villalonga (PRO) en referencia al proyecto de regulación de humedales que ya tiene media sanción del Senado.

“Tenemos que ser muy cuidadosos, respetando los sistemas de humedales, pero también teniendo presente que una cosa son los terrenos inundados de manera permanente y otra, como puede ser los de la Cuenca del Salado, que se inundan de manera no permanente y que tienen conexión con la producción agropecuaria”, explicó Alegre durante un encuentro organizado por la Fundación Barbechando en La Materina de la localidad de Diego Gaynor (en el que trataron diferentes temas relacionados tanto el ámbito productivo como ambiental).

La iniciativa –aprobada en diciembre pasado en el Senado– define como “humedal” aquellas áreas en las cuales la “presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos”. Y añade que los rasgos distintivos de los mismos son la presencia de “suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”.

“La provincia de Buenos Aires hoy tiene muchos más humedales que hace diez años atrás. Nos encontramos con muchas más zonas inundables. Entonces, ¿cómo hacemos? Si nos manejamos con un estricto criterio que diga esto es un humedal y acá no se puede producir más, eliminaríamos zonas altamente productivas”, sostuvo Alegre. “Tiene que estar bien definido, porque de lo contrario se puede llegar a inventariar cualquier cosa (como humedal)”, insistió.

“Eso no ocurriría”, aseguró Villalonga. “La conservación probablemente se va a restringir a otras áreas. Necesitamos que el Estado sepa. Con la Ley de Bosques (Nº 26.331) ya se sabía qué era bosque y qué no, entonces hubo que pasar a decidir qué hacer con cada área. Pero acá el Estado debe saber”, añadió el diputado del PRO.

El proyecto dispone la obligatoriedad de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realice un inventario nacional de humedales “en un plazo no mayor de tres años desde la entrada en vigencia de la presente ley”. Y señala que las autoridades ambientales de cada provincia podrán categorizar “áreas de preservación” que no podrán transformarse, “áreas de gestión de recursos” que “admiten actividades de impacto moderado” y “áreas de usos múltiples” donde “actualmente se realizan actividades económicas o que tienen vocación productiva, pero que debieran realizarse incluyendo criterios de sostenibilidad”.

Villalonga dijo que “garantizaba que con ese mecanismo las provincias nunca van a hacer el ordenamiento; es muy mala la ley”. Y agregó que “no me gusta el proyecto que salió del Senado. Mi visión es que este proyecto tiene que aplicarse con un criterio parecido a la de Ley de Bosques, que bajó la conflictividad enormemente en lo que respecta al tema, más allá de las barbaridades que hicieron algunas provincias. Y también se redujo la tasa de deforestación, aunque no a los niveles que uno quisiera”.

“Una definición generosa del tema tratado por la ley no hace que sea restrictivo a lo productivo, sino que hace que el Estado asuma la responsabilidad de que esas áreas que tienen ciertas dinámicas hídricas sean debidamente inventariadas y estudiadas, porque si el Estado las hubiese estudiado como corresponde, las obras de infraestructura que se hicieron sobre algunos de los humedales, o algunos asentamientos o emprendimientos productivos, quizás se habrían hecho de otro modo. Uno no pretende que esas zonas vuelva a ser vergeles, sino que, si se conoce esa dinámica, entonces sabe que algunas obras tendrían que hacerse de determinada manera”, consideró el diputado del PRO.

“Creo que es oscurantismo pretender que el Estado conozca menos por las dudas. El proyecto dice que de acuerdo a la dinámica y de otras variables que indiquen qué relevancia tienen los humedales, se van decidiendo cuáles son las áreas que se van a tener que conservar, lo cual no impide que uno conozca. Ese es el sentido del inventario”, aseguró Villalonga.

Foto. De izquiera a derecha: Juan Carlos Villalonga, Álvaro Tomas (Fundación Barbechando) y Gilberto Alegre.