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En el mercado argentino no existe ninguna fábrica de orugas para cosechadoras. Pero la importación de esa tecnología –necesaria para levantar la cosecha en zonas anegadas– se encuentra restringida por el Estado nacional.

Los sistemas de orugas para cosechadoras se encuentran comprendidos en el régimen de Licencias No Automáticas (LNA), a partir del cual es necesario obtener una autorización especial de la Secretaría de Comercio para poder habilitar la importación.

Además de un derecho de importación del 14% sobre el valor de ingreso del equipo, las orugas están gravadas con un IVA general del 20% y un IVA adicional del 20% que representa un costo financiero importante para los importadores.

“Por las restricciones vigentes para ingresar orugas, estos equipos han estado entrando al país en cuentagotas”, indicó Héctor Sendoya, representante local de la firma canadiense Soucy Track. “Estamos realizando gestiones ante el Ministerio de Agroindustria para intentar acelerar la operatoria”, añadió.

“El gobierno está realizando grandes esfuerzos por ordenar la situación luego de que en la época de las DJAI (durante el kirchnerismo) se registraran muchas cosas extrañas. Pero es una lástima que en un momento climático como el actual no podamos tener disponibilidad de orugas para agilizar la cosecha, especialmente cuando no existe producción nacional de estos equipos”, añade Sendoya.

Además de los daños productivos generados por las precipitaciones excesivas ocurridas en los últimos días en el sector sur de la zona pampeana –similares a las registradas en el norte de dicha región en abril de 2016– los anegamientos provocan retrasos en las tareas de recolección de los granos, que, en caso de generalizarse, pueden incluso alterar la dinámica habitual del ciclo comercial (como ocurrió con la soja el año pasado y podría eventualmente volver a repetirse este año).