Señores gobernadores: que no falte la presencia de un sojero en cada acto de inauguración de obra pública para agradecer el aporte recibido
Uno de cada cuatro pesos proviene del sector agrícola.
Estamos en un año electoral. En las diferentes jurisdicciones argentinas se vienen muchas inauguraciones y reinauguraciones de obra pública. Lo que no todos saben es que buena parte del dinero destinado a ese propósito proviene directamente de los bolsillos de los empresarios agrícolas.
En los cuatro primeros meses de 2017 el equipo económico a cargo del Estado nacional transfirió a los gobiernos provinciales 24.413 millones de pesos para realizar gastos de capital, de los cuales 6027 millones se originaron en el Fondo Federal Solidario, según datos oficiales del Sistema Integrado de Información Financiera (Sidif) del Ministerio de Hacienda recopilados por técnicos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap).
Es decir: en el primer cuatrimestre del año los productores sojeros aportaron los recursos necesarios para financiar casi un 25% del presupuesto provincial de obra pública.
Otros 4555 millones de pesos –siempre considerando el primer cuatrimestre de 2017– correspondieron a transferencias de la Nación a las provincias para realizar viviendas y desarrollo urbano, además de 3606 M/$ del programa “Hábitat Nación”, 1489 M/$ para obras hídricas y 638 M/$ para infraestructura y equipamiento, entre otros ítems.
Los recursos del Fondo Federal Solidario se conforman con el 30% de lo que la Nación recauda en concepto de derechos de exportación de poroto, harina y aceite de soja. El decreto 206/09 dispone que los mismos se coparticipan entre todas las provincias para destinarse a “obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes”.
Los recursos del Fondo Federal Solidario (que más que solidario es forzoso) representan una suerte de “regalías sojeras” transferidas por las provincias de la zona pampeana al resto del país (algo que podría considerarse insólito porque las regalías petroleras o mineras, lejos de redistribuirse entre todas las jurisdicciones argentinas, son percibidas por aquellas provincias en las cuales se originan tales recursos).
