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En el Poder Legislativo de Paraguay avanza un proyecto para implementar un derecho de exportación del 10% sobre el poroto de soja. Algo similar había ocurrido en 2013 y por entonces el presidente Horacio Manuel Cartes vetó esa iniciativa con argumentos magistrales.

En la Argentina el derecho de exportación sobre la soja es del 30%. Y este año se estableció un cronograma de reducción del mismo, que comenzará a regir en enero del año que viene para terminar en diciembre de 2019 con una alícuota del 18%.

Pero el aspecto central de la cuestión en la Argentina es que el tributo depende de una decisión presidencial. El artículo 755 del Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo puede “gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo”.

En cualquier nación civilizada la carga impositiva es una atribución de los representantes legislativos. Y no del capricho de una persona que circunstancialmente ocupa un cargo ejecutivo.

Existen evidencias empíricas suficientes para demostrar que en el último año y medio, con la eliminación de las retenciones en cereales, se generó una riqueza superior a la producida con la aplicación de derechos de exportación. En una nación con una clase dirigente responsable eso debería bastar para promover una ley que inhabilite la posibilidad de fijar retenciones al Poder Ejecutivo. Si eso no es sucede es porque el zarpazo al agro es el reaseguro de la corporación política contra los efectos colaterales del despilfarro de recursos públicos.

En la actual coyuntura –donde de manera irresponsable se dejaron libres a los cucos para intentar obtener una ventaja electoral– las retenciones, así como se fueron con un decreto, pueden volver en cualquier momento con otro decreto. Es extremadamente riesgoso encarar una actividad productiva con ese condicionamiento. Y es por demás difícil tener también una mirada de largo plazo.

El hecho de que sigan vigentes las retenciones a la soja implica, en términos conceptuales, que la corporación política –representante de la percepción pública generalizada– piensa que se trata de un yuyo. Con el agravante de que el poroto no tiene a nadie que lo defienda.

Es bastante fácil establecer, en el caso de las cadenas de valor triguera o maicera, las ventajas de operar sin la apropiación arbitraria de un porcentaje de la facturación bruta de las empresas agrícolas. Pero en el caso de la soja –la moneda más fuerte de la economía argentina– los cálculos se complican.

Un ejemplo. Durante el proceso de genocidio bovino instrumentado por el régimen kirchnerista (2006/2010), muchos rodeos ganaderos evitaron ir a parar al frigorífico gracias al subsidio cruzado proveniente de la soja (que por entonces registraba precios internacionales altísimos). Quizás el cierre de tambos registrado en los últimos años habría sido menor si la soja hubiese tenido resto para compensar los quebrantos lecheros.

En cualquier caso, al momento de encarar cada campaña agrícola, los productores argentinos deben recordar que, en lo que respeta a retenciones, la situación actual es producto de la voluntad del gobernante de turno, la cual, si bien podrá ser más o menos favorable, no dejar de ser arbitraria.

Ezequiel Tambornini