Esperando el cambio: los productores agrícolas siguen sujetos a la burocracia persecutoria diseñada por el kirchnerismo
Continúa vigente el esquema diseñado por el gobierno anterior.
Los empresarios agrícolas experimentamos desde 2008 en adelante una persecución fiscal por parte del Estado. Buena parte de ese mecanismo –que no se aplica en ningún otro sector productivo– permite prohibir la posibilidad de vender granos ante la detección de un error formal.
Los granos son –recordemos– el fruto del trabajo del productor y, como tales, deben ser comercializados para poder abonar salarios, insumos e impuestos.
Se solicita a los productores que informemos al Estado una gran cantidad de datos vía Internet (lotes sembrados, producción obtenida, stocks remanentes, presentaciones georeferenciadas, etcétera), los cuales, en caso de no ser presentados en los plazos estipulados, provocan automáticamente la suspensión de la emisión de cartas de porte, lo que constituye una verdadera “detención sin habeas corpus ni abogado defensor” para el grano del productor.
En la base conceptual del esquema persecutorio subyace la presunción de que el productor agrícola es culpable hasta que demuestre lo contrario. Es decir: la filosofía garantista presente en buena parte de los juzgados penales pero con un giro de 180 grados.
La introducción de la carta de porte obligatoria constituyó un paso adecuado para ordenar y blanquear los movimientos de los granos. Pero la obligación de hacerlo todo únicamente por Internet desconoce la realidad presente en las zonas rurales, donde la conexión es limitada o directamente nula. No poder vender granos por un problema burocrático implica asumir costos financieros, comerciales y contractuales, los cuales se acrecientan a medida que uno se aleja de las terminales portuarias.
La plataforma política para el sector agroindustrial de Mauricio Macri indicaba que “la cantidad de normas y su cambio continuo lleva a que sea prácticamente imposible cumplir adecuadamente con la reglamentación, costo que complica especialmente a los pequeños productores”. Y reconocía que “las regulaciones otorgan un excesivo y arbitrario poder de castigo de la Afip y otros organismos” del Estado, para finalmente prometer que “se fijarán parámetros claros para la aplicación de sanciones y la posibilidad de recurrir las mismas”.
Pasó más de un año y medio desde el cambio de gobierno. Pero las regulaciones persecutorias contra los productores agrícolas siguen siendo las mismas que las vigentes durante el régimen kirchnerista, a pesar de que el cambio normativo no requiere ningún esfuerzo fiscal: sólo se necesita la voluntad de hacerlo.
Los empresarios agrícolas somos el primer eslabón de la cadena de valor que genera la mayor parte de las divisas genuinas que ingresan al país. No merecemos ser tratados como parias tributarios. Y deberíamos tener el mismo derecho que los demás a disponer del fruto de nuestro esfuerzo.
Confiamos que el actual gobierno, que ha mostrando voluntad para mejorar la competitividad agrícola en muchos otros aspectos, recuerde que la carga burocrática discrecional es uno de los mayores obstáculos que debe afrontar el campo. Y que se comprometió a “revisar y corregir” esa situación. Solamente pedimos eso.
Ricardo Lakatos
