Imaginar que una sola representación gremial para el agro argentino es posible es el primer paso para que algún día lo sea
Lecciones del caso brasileño.
Los dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) están impulsando un “Sistema de Aporte Obligatorio de Financiamiento Gremial Agropecuario” para aplicar en la provincia de Santa Fe.
Se trata de un gran avance con respecto al proyecto, impulsado el año por representantes de CRA en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que pretendía establecer un aporte obligatorio del 1,5% ó 2,0% sobre los salarios de los trabajadores rurales para –luego de pagar un peaje a Uatre por “gastos administrativos”– financiar a las entidades rurales.
Sin embargo, los problemas del sector agropecuario son mucho más amplios que los presentes en el marco de los límites de la provincia de Santa Fe. Es decir: si se va a pagar por un lobby profesional, que sea para incidir en las cuestiones nacionales que afectan a las empresas del sector. Y no el chiquitaje de barrio que, si bien es importante, no tiene sentido si no se solucionan las cuestiones estructurales.
En Brasil la representación gremial agropecuaria está en manos de una sola entidad –Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)– financiada por todos los productores agropecuarios del país. La principal fuente de financiamiento de la CNA es una contribución sindical universal y obligatoria vigente desde 1971 por una legislación federal específica. El aporte debe ser realizado por todas las explotaciones y empresas agropecuarias del país (estén o no afiliadas a una sociedad u organización rural de base).
Para el caso de empresas agropecuarias a nombre de personas físicas, el cálculo del aporte se realiza en función del valor fiscal del total de hectáreas explotadas, mientras que para personas jurídicas la base es el capital social de la empresa.
El sistema de aportes está diseñado de manera tal que la mayor parte de las contribuciones es cobrada a medianos y grandes productores: para empresas con una “base imponible” de hasta 2,75 millones de dólares, en 2017 el aporte anual es de apenas 44 dólares, mientras que la cifra sube a 2245 dólares para empresas con una base de hasta 14,6 M/u$s y 5180 dólares cuando se supera esa cifra.
La recaudación total proveniente de la contribución se distribuye de la siguiente manera: 60% para la sociedad rural de la zona en al cual se originó el aporte; 20% para el Ministerio de Trabajo (MTE); 15% para la federación agropecuaria regional; y el 5% restante para la CNA (la mordida del MTE probablemente haya sido una concesión que los productores brasileños hayan tenido que hacer para que la clase política les apruebe la norma). En aquellas regiones en las cuales no existe una sociedad rural, los recursos se distribuyen en un 60% para la federación agropecuaria regional, 20% para el Ministerio de Trabajo y el 20% restante para la CNA.
Suponiendo que en algún momento pueda instrumentarse en la Argentina algo similar a lo que rige en Brasil, queda por resolver quién sería el destinatario de los aportes. ¿CRA, SRA, FAA o Coninagro? La solución fácil sería repartir el fondo entre las cuatro entidades. Pero ningún lobby efectivo puede funcionar con cuatro CEO que se manejan cada uno de manera independiente.
Lo ideal sería concentrar –tal como sucede en Brasil– todo en una sola entidad nacional que pueda posicionarse en el imaginario mental de los argentinos como sinónimo indisoluble de agro. Una manera de lograr unidad con representatividad sería elegir a los dirigentes, tanto nacionales como provinciales, cada cuatro años.
Imaginen listas con un candidato central secundado por especialistas de cada actividad agropecuaria específica. Con plataformas de trabajo. Propuestas por lograr. Proyectos.
Imaginen a dirigentes muy bien pagos y con una billetera grande para pagar un buen estudio jurídico en caso de una usurpación, un operador que haga aparecer a la gente de vialidad de manera inmediata cuando se rompe un camino, un equipo pedagógico que detecte los errores de concepto referidos al agro en todos los manuales escolares o una consultoría que demuestre con datos irrefutables la necedad de mantener derechos de importación sobre equipos que se usan en el sector pero no se producen en el país.
Imaginen que eso es algo posible. Y quizás algún día lo sea.
Ezequiel Tambornini
