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Esta semana CREA, Aapresid y la Universidad Austral organizaron un evento sobre comunicación agropecuaria que convocó a tanta gente que muchos de los que asistieron quedaron afuera de la sala por falta de lugar.

Los problemas de comunicación que tiene el agro son un tema recurrente en las conversaciones de los integrantes del sector. Y nadie puede discutir que contar con un buen plan de comunicación es algo clave. Pero más importante aún es conocer qué se pretende lograr con eso.

Alguien podría decir, por ejemplo, explicarle a los habitantes de los pueblos que las aplicaciones de agroquímicos son seguras si se realizan de manera profesional. Perfecto. Ahora bien: supongamos que en una localidad existen 2000 empresarios agrícolas, de los cuales 1999 hacen las cosas bien, mientras que apenas uno es un irresponsable. ¿Quién creen que será el foco de atención de los periodistas locales?

Si ese es el objetivo del plan de comunicación, el mejor de los mejores programas naufragará si no se cuenta con un marco regulatorio adecuado, tal como tiene, por ejemplo, Uruguay.

Este año los responsables de la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay se tomaron apenas un mes para detectar que el daño producido a fincas hortícolas había sido generado por un productor aplicó en un lote de maíz una dosis ocho veces superior a la recomendada en el marbete del herbicida Picloram. Siete meses después del incidente, se aplicó una multa de 35.000 dólares tanto al productor como a la empresa contratista que había realizado la aplicación. Con tal antecedente, el juicio iniciado por los horticultores afectados seguramente les resultará favorable.

En la Argentina, al no disponer de un sistema que permita identificar y sancionar con rapidez los casos de mala praxis, la acción de cualquier irresponsable es un pase libre para que cualquiera pueda acusar al sector en su conjunto de conductas que atentan con la vida y el ambiente. El origen del problema, en tal caso, no es la comunicación, sino la falta de un marco regulatorio eficiente.

Supongamos que en algún momento se logra implementar ese marco regulatorio. La segunda cuestión por resolver es de dónde surgirán los recursos para financiar un plan de comunicación. Siempre estará la opción de pedirle a otros, pero, para que el discurso sea genuino, el dinero debe salir solamente de los bolsillos de los productores.

El tercer factor es el de la representatividad. Un corresponsal extranjero quiere conocer la opinión de los representantes del agro sobre algún tema en particular. ¿Con quién debe hablar? Si consulta a las cuatro gremiales del campo, ¿obtendrá respuestas similares? Se requiere una voz autorizada con capacidad de unificar criterios ante cuestiones centrales, porque, de lo contrario, puede generarse confusión.

Una alternativa para obtener recursos y representatividad es copiar lo que hicieron décadas atrás los brasileños al crear una contribución sindical universal y obligatoria para financiar a una sola entidad (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).

Implementar cualquier plan de comunicación sin antes resolver la cuestión de las tres “R” –regulación, recursos y representatividad– es poner el carro delante del caballo.

Ezequiel Tambornini