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Los representantes de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) ratificaron hoy su respaldo a las recientes medidas oficiales destinadas a transparentar y reducir los costos portuarios que afectan las exportaciones e importaciones argentinas.

La entidad destacó que las gestiones impulsadas por el Ministerio de Transporte de la Nación y la Subsecretaría de Vías Navegables posibilitaron la reducción en las tarifas de remolque, lanchas de amarre, estiba, sanidad marítima y peaje en Bahía Blanca, entre otras acciones.

En ese sentido, en las últimas semanas representantes del Ministerio de Transporte, cámaras portuarias, la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de San Martín y empresas del sector agroindustrial vienen trabajando de manera coordinada para instrumentar un proceso de apertura de competencia en los servicios de estiba brindados en el sector norte del complejo agroindustrial rosarino.

“Es definitivamente crucial que todos los argentinos comprendamos que reducir los costos portuarios significa evitar perder mercados de exportación y encarecer los bienes importados, porque todo eso conlleva pérdidas de empleos en todo el país y menos crecimiento económico a favor de un pequeño grupo de intermediarios que agrega poco valor,” señaló Luis Zubizarreta, presidente de la CPPC, por medio de un comunicado.

Un motivo de preocupación sectorial es el elevado costo del denominado “practicaje” (tareas que realiza personal habilitado para asesorar al capitán en navegación, maniobras y reglamentación, a bordo de los buques), que representa casi la mitad del costo total de la carga en el Río de la Plata, Río Paraná y los puertos del norte de la zona de influencia de Rosario, equivalentes a más de 100.000 dólares por buque (equivalente a unos tres dólares por tonelada de grano embarcado).

Adicionalmente, a la tarifa básica de practicaje se le han agregado rubros sin aparente contraprestación, tales como “gasto de posicionamiento según el calado” o “navegación continua”, mientras que está pendiente una rebaja comprometida en diciembre del año pasado.

“Esos sobrecostos, que producen la pérdida de competitividad del país en el mercado mundial, terminan por afectar la producción de granos y su consecuente exportación, ya que recaen en los productores agropecuarios y los exportadores, sectores que contratan a las agencias marítimas que concluyen por abonarlos”, apuntó el comunicado del CPPC.

Esta semana, por medio de la resolución 4138-E de la Afip, se dispuso que los exportadores de granos a granel podrán optar por el sistema de balanza o el de calado y sondaje de tanques (draft survey) a efectos de la determinación del peso y volumen de las mismas.

Tal disposición restaura el sistema de libre elección, por parte del exportador, del sistema de medición de la carga, el cual había sido dado de baja por la gestión kirchnerista (la preferencia usual es por las balanzas electrónicas supervisadas por organismos estatales, dado que las mismas son sustancialmente más precisas). De todas maneras, las autoridades aduaneras conservaría el uso del “draft survey” como contraverificación de la carga.