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Exactamente un año atrás ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto oficial de reforma de la Ley de Semillas (Nº 20.247/73) diseñado para ordenar el mecanismo de cobro de regalías para empresas desarrolladoras de germoplasma y eventos biotecnológicos.

“La propuesta del Poder Ejecutivo hoy cumple su primer año con casi nulo tratamiento: sólo hubo dos jornadas informativas (el año pasado), pero no se debatió la letra chica de la propuesta”, indicó un informe publicado hoy por la Fundación Barbechando. En lo que va de este año la iniciativa ni siquiera fue puesta a consideración en las seis convocatorias realizadas por la Comisión de Agricultura de la Cámara baja.

“Mientras tanto, las iniciativas (para reformar Ley 20.247/73) siguen arribando a la Cámara de Diputados y, vaya sorpresa, más de la mitad corresponden al oficialismo (y en breve arriba una nueva iniciativa de una diputada del PRO), mientras que las dos restantes son del Massismo y el Socialismo”, apuntó el informe.

“Ha trascendido que desde el oficialismo y en la propia cartera agraria esperan poder contar con una nueva Ley de Semillas el año próximo. El problema es que tendrán tiempo hasta fines de noviembre de 2018, cuando pierde vigencia el proyecto (original), aunque no descartan permitir este proceso para impulsar un nuevo proyecto con nuevas modificaciones”, añadió.

El aspecto central del proyecto oficial reside en declarar de “orden público” el hecho de que “el precio que abone cualquier adquiriente de semilla por la misma dará por satisfechos todos los derechos de propiedad intelectual, sin excepciones, que la semilla y los productos obtenidos a partir del uso de la misma contengan”. Eso implica que las regalías por todo concepto de propiedad intelectual (germoplasma + eventos biotecnológicos) deberán cobrarse solamente al momento de adquirir la semilla. Es decir: no podrán percibirse al momento de entregar la cosecha por más que haya acuerdos privados que así lo establezcan.

Esa cuestión fue la más resistida por un grupo de empresas semilleras porque –en caso de aprobarse el proyecto elaborado por el Ministerio de Agroindustria– no habría ninguna posibilidad de establecer acuerdos privados para, por ejemplo, cobrar una “retención privada” como retribución por el uso de un germoplasma o un evento biotecnológico.

Al no contar con un nuevo marco normativo al respecto, los forwards de soja 2016/17 –con entrega a partir de marzo de 2018– se están realizando con la “cláusula Monsanto”, la cual establece el cobro compulsivo de regalías en caso de detectar “tecnología patentada por terceros”.