No fue casualidad: Julio de Vido también tiene que dar explicaciones por la crisis avícola
Un funcionario kirchnerista clave en el proceso que complicó al sector.
Los integrantes de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos (Capif) alertaron, por medio de un comunicado, que se están fundiendo. Como es usual en la cultura argentina, lejos de buscar la causa primigenia del problema, identificaron –con largavistas de corto alcance– a un culpable (en este caso los frigoríficos avícolas) para que (aunque no lo digan explícitamente) el Estado intervenga a favor de ellos.
Uno de los culpables de la crisis avícola argentina está en estos días en la cima de la agenda pública. Se trata de Julio de Vido, quien fue, durante el régimen kirchnerista, uno de los instrumentadores de los acuerdos comerciales realizados con el gobierno bolivariano de Venezuela.
La mayor parte de las compañías integrantes del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) se embarcaron en una aventura gestionada por funcionarios kirchneristas al colocar cantidades crecientes de pollos en el mercado venezolano.
Si bien resultaba seguramente tentador, no parecía demasiado sensato concentrar la mayor parte del volumen exportable de carne aviar en un solo cliente: el Estado bolivariano. Los que nos cansamos de denunciar que las operaciones se hacían con sobreprecios siderales no encontramos –tanto antes como ahora– a ningún fiscal interesado en investigar esa irregularidad.
La fiesta –algo que podría haber advertido hasta un estudiante de primer año de Economía– se acabó cuando comenzó a derrumbarse el valor internacional del petróleo. La lógica indicaba que era el momento de la retirada. Pero ahí fue cuando la cosa se puso peor.
El 2014 el gobierno kirchnerista obligó a las principales compañías avícolas argentinas a financiar compras de petróleo venezolano con exportaciones de unas 100.000 toneladas de pollos. Esa operatoria –denominada “petróleo por alimentos”– fue instrumentada a través de un fidecomiso (denominado “Néstor Kirchner”) del Banco Nación. Es decir: quedaron como intermediarios de un negocio ajeno a cambio de asumir todo el riesgo comercial y financiero. Los que tomaron los recaudos del caso (y no gastaron a cuenta el dinero de las “compensaciones” repartido en su momento por la Oncca) pudieron sobrevivir. Pero otros quedaron en el camino.
La desaceleración de la producción no pudo acompañar el ritmo abrupto de la caída de las exportaciones provocada por el default comercial bolivariano. En los años 2015 y 2016 la oferta disponible de carne aviar en el mercado interno superó el nivel de 1,90 millones de toneladas, una cifra desproporcionada para una nación que ya está al tope de sus posibilidades de capacidad de consumo de proteínas cárnicas. En lo que va de este año la sobreoferta de carne aviar sigue vigente, pero el consumidor argentino, por más barato que esté el pollo, no come más de determinado nivel de ese producto porque tiene una preferencia cultural predominante por la carne bovina.
No se hizo nada para buscar mercados alternativos que pudiesen absorber la demanda resultante del default bolivariano. No se instrumentó un plan para adecuar la producción a la nueva coyuntura. No es extraño, entonces, que muchos de los integrantes del sector estén corriendo hacia ninguna parte (Proteinsa, Ovoprot y Tanacorsa acumulan a la fecha cheques sin fondos por 554 millones de pesos, de los cuales apenas fueron levantados 89 M/$ con nuevos cheques de pago diferido).
La crisis avícola argentina no es producto de la casualidad, sino de un plan, instrumentado por funcionarios kirchneristas, para incrementar la producción de manera desproporcionada con el propósito de abastecer a un solo cliente. En esto Julio De Vido también tendría que dar explicaciones en la Justicia.
Ezequiel Tambornini
