El campo necesita una corporación estatal agropecuaria gestionada por Milagros Sala
La experiencia neocelandesa
Esta semana los integrantes de la comunidad agroindustrial experimentaron un déjà vu kirchnerista. Calificaron al vino como bebida “insalubre” sólo como excusa para intentar aplicarle un impuestazo. Implementaron el “pago a cuenta” de aportes patronales para frigoríficos, pero exceptuaron de la medida a matarifes municipales. Y recortaron los precios del etanol cañero y maicero para mejorar los ingresos de las corporaciones petroleras.
No se trata de la primera ayudita recibida por el sector energético: en los primeros nueves meses de este año el gobierno macrista subsidió a compañías productoras de gas natural con 20.836 millones de pesos (M/$), una cifra 58% superior a la del mismo período de 2016.
Las razones para mejorar la situación de las compañías petroleras son perfectamente entendibles: vienen de una década de intervenciones salvajes por parte de kavernícolas que desconfiguraron la matriz del negocio. Y volver a calibrarla requiere tiempo y recursos. Son las mismas razones que, por ejemplo, podría esgrimir el sector lácteo. La diferencia es que este último no recibió un solo peso: ni siquiera pudo avanzar un proyecto destinado a comprar grandes volúmenes de lácteos destinados a sectores de bajos ingresos.
El sector agroindustrial –sin importar cuál sea el gobierno de turno– es uno de los más fáciles de empernar porque, a diferencia de otros, no tiene representación gremial ni fuerza propia de lobby. Además, existe un detalle clave: el principal beneficiario de la política PRO energética es una compañía estatal: YPF.
¿Serían diferentes las cosas si existiera una gran corporación agropecuaria gestionada por el Estado nacional? Seguramente.
El mes pasado vino a la Argentina Traci Huopapa, neocelandesa descendiente del pueblo originario maorí, para ofrecer una conferencia en el evento CREATech realizado en Córdoba. Traci integra el directorio de LandCorp, una corporación agropecuaria perteneciente al Estado de Nueva Zelanda que gestiona unas 158.000 hectáreas propias y otras 225.000 alquiladas o coparticipadas con productores.
Dos conceptos. El Estado de Nueza Zelanda necesita que al agro local le vaya bien para que a LandCorp le vaya bien. Cuando los neocelandeses piensan en pueblos originarios, piensan en gente como Traci Houpapa.
En la Argentina el agro fue, es y (probablemente) seguirá siendo la vaca lechera del Estado. Vale recordar que los derechos de exportación agropecuarios no fueron eliminados por el actual gobierno: sólo se eliminó la aplicación de las alícuotas (que pueden regresar en un futuro si al presidente de turno se le ocurre volver a instaurarlas).
Cuando los argentinos pensamos en pueblos originarios, pensamos en Milagros Sala. O en los “mapuches” impidiendo el ingreso de funcionarios judiciales en territorio supuestamente argentino.
Imaginemos una corporación agropecuaria perteneciente al Estado argentino, algo así como una YPF pero del campo, gestionada por profesionales y controlada por un directorio entre cuyos integrantes se encuentre una empresaria agropecuaria descendiente de los pueblos originarios. Ningún funcionario, por más trasnochado que esté, iría contra los intereses de esa compañía. Y ningún argentino –ninguno– sentiría recelos contra ella.
Ezequiel Tambornini
