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Hoy viernes la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz tratará un proyecto que propone ceder a la Nación más de medio millón de hectáreas de tierras productivas para ampliar por diez veces el actual Parque Nacional Patagonia.

Un pequeño detalle: buena parte de ese medio millón corresponde a campos agropecuarios en actividad. La Fundación Flora y Fauna Argentina, relacionada con la estadounidense Conservation Land Trust (CLT), asegura que ya adquirió 85.000 de las 500.000 pretendidas para ampliar el Parque Nacional Patagonia (que cuenta con una extensión de casi 53.000 hectáreas).

“Sin tener en cuenta a pobladores, trabajadores y a la comunidad, y empujados por autoridades nacionales de turno, ONGs, fundaciones, fondos fiduciarios y sociedades, en conjunto con Parques Nacionales, están comprando tierras a algunos felizmente sorprendidos ocupantes y, a su vez, patoteando a otros ya veteranos productores renuentes de entregar su historia y medio de vida desde hace más de un siglo, bajo la amenaza que en poco tiempo no podrán convivir como vecinos del Parque Patagonia si no le venden sus establecimientos”, denunció, por medio de un comunicado, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS)
“Estos actores siguen comprando tierras y predios mientras autoritariamente se presiona a ambos bloques políticos provinciales para que un desprolijo e incompleto proyecto (de cesión de tierras a la Nación) sea aprobado en la legislatura antes de fin de año”, añadió.

Lo que está sucediendo en Santa Cruz ya ocurrió en la provincia de Corrientes, donde –al igual que en la Patagonia– organizaciones de productores agropecuarios alertaron sobre la intención del fallecido Douglas Tompkins, fundador de CLT, de extirpar la presencia del hombre sobre vastos territorios dedicados a actividades generadoras de riqueza.

Lamentablemente, los productores correntinos perdieron contra CLT –ahora gestionada por la viuda de Tompkins– porque no cuentan con los recursos, contactos ni tiempo que sí tiene esa ONG ambientalista estadounidense.

En septiembre de 2016 fue el propio presidente argentino Mauricio Macri quien firmó el documento por medio del cual se formalizó una donación de tierras, por parte de CLT, para crear en la provincia de Corrientes el “Parque Ecoturístico Iberá”, a pesar de que el proceso de cesión de tierras a la Nación estuvo plagado de irregularidades. Y el 10 de noviembre de este año, el funcionario más atareado del país, Marcos Peña, se tomó el trabajo de viajar hasta los Esteros del Iberá para, junto Kristine Tompkins, participar de un acto dedicado a “celebrar la continuidad del proceso de traspaso” de tierras.

La conformación del “Parque Ecoturístico Iberá” es sólo el primer paso del proyecto. En una segunda instancia –tal como adelanta el propio sitio de CLT– se instrumentarán una serie progresivas de barreras que harán inviable la producción ganadera, forestal y de arroz en la mayor parte de la provincia de Corrientes.

Las ONG ambientalistas que operan en naciones tercermundistas tienen todas las de ganar con un discurso políticamente correcto que tarda apenas segundos en penetrar la dermis anómica de los políticos locales. La pregunta que todos deberían hacerse es cuán ético puede resultar neutralizar grandes extensiones de territorio productivo de manera gratuita en un país en el cual un tercio de la población se muere de hambre. Si fuésemos algunos de nosotros los que integráramos ese submundo de privaciones, no tardaríamos mucho tiempo en llegar a la conclusión de que no sólo no sería ético, sino que probablemente consideraríamos criminal.

Además, se trata, en términos fácticos, de una medida poco inteligente. En vez de despoblar grandes extensiones de territorio a cambio de nada, quizás sería mejor ponerlos en venta para financiar otra década más de feliz populismo en lugar de hacerlo con endeudamiento dolarizado porque, tarde o temprano, alguien tendrá que pagar la cuenta.

Ezequiel Tambornini