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El gasto total de la Administración Pública Nacional –incluyendo intereses de la deuda– prácticamente no varió en los últimos tres años al cerrar el 2017 con un nivel equivalente a 26.4% del PBI versus 26.8% y 26.5% en 2016 y 2015.

“Por el lado del gasto el principal ajuste pasa por el sector privado y se concentra mayoritariamente en la reducción de subsidios económicos, es decir, en aumentos de tarifas de luz, gas, agua y transporte, que fueron más que compensados por incrementos en jubilaciones, intereses de deuda, planes sociales y transferencias a provincias”, indicó el último semanario económico elaborado por la consultora Economía & Regiones.

En 2017 se realizó un cambio de metodología que contabilizó, a partir de 2016, los ingresos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses –provenientes de rentas sobre activos del sector público y privado– como ingresos primarios.

“En este contexto, el déficit primario anunciado (oficialmente) en 2016 y 2017 debe incrementarse en +0,2 puntos porcentuales del PBI, ascendiendo hasta 4.5% del PBI en 2016 y 4.1% en 2017”, señaló el informe de la consultora cuyo economista director es Diego Giacomini.

“Peor si consideramos los ingresos por blanqueo (de capitales) que no estaban en 2015. Sacando los ingresos por blanqueo, el déficit primario habría subido de 4.0% del PBI en 2015 a 5.8% en 2016 y a 4.5% en 2017”, agregó.

“Sin embargo, que en verdad no haya reducción del déficit primario no es la peor noticia. La peor noticia emerge cuando consideramos los intereses de deuda y el déficit fiscal financiero”, alertó Economía & Regiones.

Mientras que en 2015 los pagos de intereses de la deuda significaban 2.1% del PBI, en 2017 se incrementaron hasta alcanzar 3.0% del PBI, un 45% más en términos del producto. “En este escenario, lo más prudente sería que las empresas y los agentes económicos asuman planes de inversión, consumo y gasto conservadores”, recomendó.