Bergman ordenó al gobierno salteño que suspenda 32 habilitaciones de desmontes por considerarlas irregulares: deberán reponerse casi 45.000 hectáreas de bosques nativos
Lo determinó por medio de un decreto.
Las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ordenaron al gobierno de la provincia de Salta que suspenda 32 habilitaciones de desmontes al resultar “incompatibles con las disposiciones de la Ley (de Bosques) Nº 26.331”.
Por medio de un decreto –publicado hoy en el Boletín Oficial– el ministerio liderado por Sergio Bergman indicó que en las 32 habilitaciones violatorias de la Ley 26.311 se registra “la pérdida de 44.767 hectáreas de bosque nativo, correspondiente al período comprendido entre los años 2009 y 2017”. Y añade que “de ejecutarse las autorizaciones provinciales restantes se sumarían 33.386 hectáreas (adicionales) de pérdida de bosque nativo”.
Por ese motivo, el decreto, además de suspender los desmontes en curso, insta a la provincia de Salta “a restaurar los ambientes de bosques nativos desmontados”, además de “garantizar los derechos de las comunidades de pueblos originarios que habitan los mismos y realizan un uso tradicional del territorio”.
La medida afecta las propiedades “El Carmen” de la familia Navilli, “Cuchuy” de Alejandro Braun Peña (primo segundo del jefe de Gabinete Marcos Peña), “La Maravilla” de Alejandro Roggio y “Los Pozos” de Cresud, entre otras.
Hoy jueves el gobierno salteño comunicó que ordenó a Alejandro Braun Peña que suspenda las tareas de desmonte que se venían desarrollando en la finca “Cuchuy”.
“Se estaba cometiendo un crimen y violando impunemente la Ley de Bosques, y la casa, el almacén y la farmacia de comunidades indígenas. Gracias a la presión de la gente, Braun Peña deberá sacar ya a las topadoras del bosque”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, por medio de un comunicado.
El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey indicó que el decreto del Ministerio de Ambiente de la nación “es una medida insólita” porque una resolución del Poder Ejecutivo no tiene facultades para declarar si un decreto provincial se ajusta o no a la legislación vigente. “Desde que soy abogado entiendo que eso lo tiene que hacer los jueces, pero bueno, en el gobierno nacional a veces pasan cosas raras”, dijo hoy el gobernador según un artículo publicado por El Tribuno.
