La orden del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de suspender 32 habilitaciones de desmontes al resultar “incompatibles†con la Ley de Bosques es un reflejo de la grieta existente en la Argentina.
El Estado –en este caso un ministerio gestionado por Sergio Bergman– resulta perfectamente estricto al momento de controlar y sancionar a los integrantes del sector privado. Pero sucede exactamente lo contrario le toca el turno al propio Estado de cumplir con la normativa vigente.
La verdadera grieta existente en la Argentina no es polÃtica (un circo armado para entretener a la gente), sino estructural entre la servidumbre de los privados versus la discrecionalidad de lo público.
Asà como se diseñó un decreto para hacer que la provincia de Salta cumpla con la Ley de Bosques, deberÃa aparecer pronto otro similar para que el propio Poder Ejecutivo cumpla con el pago de las compensaciones ambientales establecidas en esa misma legislación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosquesâ€) dispone la creación de un Fondo de Conservación, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.
Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional†y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganaderÃa y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideraciónâ€.
El 0,3% del proyecto de Presupuesto 2018 de la Administración Pública Nacional equivale a un monto de 8713 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberÃan sumarse otros 1519 millones. Es decir: este año el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos deberÃa ser de al menos 10.200 millones de pesos. Sin embargo, la Ley de Presupuesto Nacional 2018 –elaborada por el equipo del Ministerio de Hacienda liderado por Nicolás Dujovne y aprobada por el Congreso– asigna para el Fondo de Conservación de Bosques una partida de 556 millones de pesos. Se trata de apenas un 5% de lo correspondiente de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.
Esa violación de lo establecido por la Ley de Bosques se instrumenta desde el año 2010 –cuando comenzó a regir la norma– lo que implica que la deuda ambiental de la Nación con las provincias y los propietarios de campos que no pueden ponerse en producción asciende (actualizada por inflación) a varias decenas de miles de millones de pesos.
La medida más insólita del decreto del gobierno nacional reside en el hecho que, además de ordenar la suspensión los desmontes en curso, insta a la provincia de Salta a restaurar casi 45.000 hectáreas de bosques nativos desmontados. Con ese mismo criterio, Salta –junto al resto de las provincias argentinas afectadas– deberÃa exigir a la Nación que pague la deuda ambiental para poder cumplir con ese mandato, el cual, muy probablemente, terminará siendo una nueva carga adicional para los empresarios que cometieron la imprudencia de invertir en territorio argentino.
Ezequiel Tambornini