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Ocho diputados del PRO presentaron un proyecto de ley para “promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres rurales”.

La iniciativa define a la “mujer rural” como “aquella a quien su medio de vida e ingresos está directa o indirectamente relacionado con la agricultura, la ganadería, pesca, artesanía u otra actividad agropecuaria que se desarrolla en el ámbito rural”.

Entre los objetivos de la propuesta, se incluyen “desarrollar programas de acceso de las mujeres a la tierra, acompañados de servicios de desarrollo rural integral”, e “implementar estrategias diferenciadas de desarrollo empresarial agrícola artesanal y comercial para posicionar a las mujeres rurales en las cadenas de valor del mercado interno y externo”.

También se pretende “impulsar la creación de microcréditos que se orienten a la inclusión de la mujer rural en el sistema financiero y la cadena de valor agroindustrial” y fomentar programas, planes e instancias de formación que garanticen el pleno acceso a la educación de las mujeres rurales, haciendo especial hincapié en la formación dual y la educación financiera”.

El proyecto además indica que se deberá “incorporar el desagregado por género de todo el registro de información de base agropecuario, forestal, pesquero, agroindustrial y de servicios para que las mujeres rurales sean reconocidas como agricultoras, artesanas, productoras y contribuyentes del sector” (lo que implicaría, por ejemplo, que la estadísticas públicas sobre empleo agropecuario deberían comenzar a desagregarse por “trabajadores y trabajadoras”).

Otra de las metas de la iniciativa es “propiciar la participación en igualdad de condiciones de las mujeres rurales en los espacios de participación civil generados por las distintas instancias gubernamentales: municipios, provincias y gobierno nacional.

Para cumplir tales objetivos, el proyecto señala que el Poder Ejecutivo deberá “ejercer una permanente vigilancia de la situación y de la tutela de los derechos de las mujeres rurales, presentando informe una vez por año en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural”.

“Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán atendidos con los recursos que destine, a tal efecto, la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública para el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Desarrollo Social”, señala el proyecto firmado por los diputados del PRO Julio Sahad, Karina Molina (La Rioja), Cornelia Schmidt Liermann (CABA), David Schlereth (Neuquén), Héctor Stefani (Tierra del Fuego), Sergio Buil, María Carla Piccolomini (Buenos Aires) y Elva Balbo (Mendoza).