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La decisión del gobierno de Mauricio Macri de recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) como prestamista de última instancia para financiar al Estado argentino vendrá seguramente acompañada –como es usual en estos casos– de directrices de política económica orientadas a ordenar las cuentas públicas.

En ese sentido, el último documento elaborado sobre la situación argentina por técnicos del FMI –publicado a fines de diciembre del año pasado– contiene buena parte de la opinión del organismo internacional sobre qué debe hacer el gobierno local para evitar descalabros macroeconómicos.

“Se prevé que el gasto público general continúe siendo elevado a pesar de la planificada reducción del mismo por parte de los gobiernos tanto nacional como provinciales”, indica el documento del FMI.

“La reducción esperada del gasto en el Estado nacional en los próximos dos años implica una disminución del déficit primario de alrededor del 2% del PIB. La mayor parte de esos ahorros provienen de una reducción de los subsidios aplicados a los sectores de energía y transporte. Sin embargo, el gasto primario del gobierno nacional seguirá siendo elevado respecto de los estándares regionales y altamente concentrado en salarios, pensiones y transferencias sociales», diagnostica el FMI.

«Semejante nivel de gasto, además de ser insostenible, impide la reducción de la enorme y distorsiva carga tributaria presente en la Argentina, lo que actúa como un impedimento importante para promover la inversión, la competitividad, la creación de empleo y el crecimiento económico”, añade.

Entre los principales objetivos de la política económica argentina, según el documento, deberían incluirse la reducción del empleo público, el ordenamiento del sistema de pensiones, la racionalización de la ayuda social y la reducción de partidas presupuestarias de organismos públicos.

“Para proteger a las personas mayores con bajos ingresos, el gobierno debería implementar un régimen probado de ayuda social, no contributivo, financiado por ingresos generales”, señala el documento. Es decir: debe desacoplarse la decisión de aplicar altas cargas sociales a los empleadores privados de la necesidad de sostener el financiamiento del sistema de pensiones. También propone aumentar la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años –tanto en la Nación como en las provincias– para reducir el gasto público en esa área.

El FMI además propone unificar todos los programas de ayuda social nacionales y provinciales en un solo registro general de beneficiarios que permita atender la situación de los pobres con una reducción sustancial de los gastos administrativos.

“Existe margen para recortar gastos en compras estatales de bienes y servicios, además de una reducción de las transferencias provinciales a los municipios y del gobierno nacional a empresas públicas”, señala el documento del FMI.

“Con un tercio de la población argentina en la pobreza, es esencial mitigar el impacto en ese sector del ajuste fiscal que debe realizarse. Si bien gran parte de ese problema mejorará a partir del crecimiento sostenible y la creación de empleos de calidad (en el sector privado), deben adoptarte de manera simultánea (al ajuste) una serie de medidas”, asegura el FMI.

Entre tales políticas destinadas a la clase baja, el FMI incluye tarifas de servicios públicos subsidiadas, el ajuste por la inflación real de las pensiones mínimas para jubilados, reducción de cargas sociales y eliminación de las contribuciones patronales, aumento de la base imponible del Impuesto a las Ganancias y reducción de la presión inflacionaria, “dado que la misma es extremadamente regresiva” contra los que menos tienen.

“Simulaciones (macroeconómicas) realizadas por técnicos del FMI indican que la implementación de tales medidas contribuiría a reducir las tasas de interés reales, disminuir los requerimientos de financiamiento público y promover una menor apreciación del peso argentino (que dificulta las exportaciones e incentiva las importaciones y salida masiva de divisas por turismo)”, asegura el documento del FMI.