ValorSoja.com - Toda la actualidad en soja, agricultura y el campo

En febrero de este año la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires difundió un comunicado en el cual alertó que algunos participantes de la demanda habían comenzado a implementar análisis propios para determinar la calidad de los granos recibidos sin permitir que laboratorios autorizados validen los resultados en caso de discrepancias con el vendedor de la mercadería.

El comunicado, si bien no hacía referencia a ninguna compañía en particular, seguramente estaba destinado a Cargill y algunas compañías integrantes de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).

Javier Buján dijo que le “llamaba mucho la atención” que, si bien el comunicado fue avalado por todos los representantes de la Cámara Arbitral, algunos operadores seguían aplicando análisis propios “violando las normas vigentes y no respetando los acuerdos entre las partes”.

Buján, durante un panel sobre comercialización realizado hoy jueves en el ámbito del evento “A Todo Trigo”, indicó además que, si bien la resolución SAGyP 1075/94 –que regula los procedimientos para tomar muestras y realizar análisis de calidad de granos– debe ser actualizada, las conductas arbitrarias por parte de algunos operadores podrían estar violando esa normativa.

“La comercialización cambió (en los últimos años) y los tiempos son más vertiginosos, pero en tales casos no existen garantías de que se cumplan las normas vigentes: tenemos que decidir si queremos actualizarlas para poder cumplirlas o, de lo contrario, que se deroguen para evitar inconvenientes”, aseguró Buján.

Alberto Rodríguez, presidente saliente de Ciara-CEC, dijo, con respecto a ese reclamo, que “se ha puesto un énfasis muy grande en el tema por casos que son puntuales; no se trata de decisiones sectoriales”.

“Como han sido casos individuales (los que aplican análisis propios sin posibilidad de validarlos ante un tercero), el sector (exportador) terminó aprobando el comunicado (difundido por la Cámara Arbitral); distinto habría sido el caso si hubiese habido una decisión sectorial en la forma de operar”, añadió Rodríguez. “Si hay un comprador que no cumple y que no paga como corresponde, no le vendan más”, aconsejó.

Rodríguez dijo que otra alternativa, en caso de que un operador no cumpla con la normativa, es llevar el caso a una Cámara Arbitral para que el conflicto se dirima en ese ámbito. “Cuando consultamos a las Cámaras Arbitrales sobre cuántos casos recibieron sobre los temas en los que existen quejas, nos dicen ninguno; cuando alguien no cumple, llévenlo a la Cámara (Arbitral) para discutir el tema dónde corresponde”, recomendó.

El presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, dijo que en todo su trayectoria profesional había presentado dos quejas ante una Cámara Arbitral y que, en ambos casos, los operadores había decidido dejarle de comprar luego de esa decisión.

“Fueron un exportador, que ya no existe, y un molino que sigue presente en el mercado”, dijo Rivara sin dar los nombres de las empresas involucradas en el caso. “Si hay actores en el mercado que toman esa medida, existe entonces mucho miedo de recurrir a la Cámara Arbitral (para dirimir diferencias)”, indicó Rivara.

Rodríguez replicó que, en la actual coyuntura, “el sector tiene una demanda (de granos) muchísimo mayor que la capacidad de producción de la oferta, así que, si alguien deja de comprar una semana, seguramente luego de ese plazo va a ponerte una alfombra roja para recibirte y poder comprarte”.

Por su parte, Diego Cifarelli, presidente de FAIM, se puso a disposición de los representantes de los productores y los acopios para “evaluar si hay algún molino que no está cumpliendo” con las normas vigentes, aunque aseguró que “los socios de FAIM deben estar cumpliendo con todo”.

Cifarelli además recordó que, en el marco de convenios realizados por el Ministerio de Agroindustria de la Nación con las Cámaras Arbitrales de Buenos Aires y Bahía Blanca, los productores de trigo tienen la posibilidad de realizar un análisis gratuito de calidad para poder defender mejor su mercadería ante la demanda molinera.

“Todos tenemos que hacer nuestros deberes”, indicó el presidente de FAIM en referencia a los productores, para luego agregar, al igual que Rodríguez, que los empresarios agrícolas tenían la opción de elegir entre muchos molinos en caso de que alguno no cumpla con la normativa vigente.

Pero Buján lo cruzó para recordarle que, si bien en el sector exportador existen alternativas, en el caso de la molinería no es tan sencillo optar por otro molino que el ubicado en la zona de influencia del productor porque los elevados costos de los fletes hacen poco viable la posibilidad de la alternancia.

Rivara, en tanto, aclaró que, si bien el problema corresponde a casos puntuales, las normas comerciales deben ser respetadas por todos porque “a veces ocurre que uno hace una cosa determinada y, como la va bien, después viene todo el resto atrás; son pasos para atrás, cuando deberíamos estar hablando de dar pasos para adelante”.

“Si aparece un molino que cobra un 0,3% de merma volátil en lugar del 0,1% que cobra el resto, apartándose de las normas vigentes en el mercado, eso no lo podemos pasar por alto”, ejemplificó Rivara.

“Nosotros en nuestra cámara tenemos más de 900 socios y es imposible responder por todos, pero cuando la institución (que los representa) habla, eso tiene que ser la Biblia para el sector; en algún momento las instituciones vamos a tener que tomar medidas drásticas con los socios que no respetan las normas acordadas”, aseguró Rivara. “¿Cómo vamos a negociar (normas) las instituciones si después los socios se sienten con la libertad de hacer lo que quieran? Eso es la jungla”, sentenció.