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El informe sobre gestión del Poder Ejecutivo presentado esta semana ante el Senado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, defiende la importancia de la quita de retenciones al sector minero al tiempo que justifica el aumento del derecho de exportación sobre el biodiesel.

La eliminación de los derechos de exportación sobre los minerales, instrumentada a comienzos de 2016 por el gobierno macrista, permitió –indica el informe– “extender la vida útil a minas que contaban con cierre programado para 2016 y 2017”, lo que garantizó “la continuidad de más de 3300 empleos directos, a los que se agregan unos casi 10.000 puestos de trabajos indirectos”.

“A esto hay que agregarle el efecto multiplicador de la actividad. Por cada peso generado en la provincia por la minería, se generan 1,31 pesos adicionales. En cuanto al empleo minero, por cada puesto de trabajo generado en la actividad minera en forma directa, se generan entre 3 y 5 puestos como efecto multiplicador”, añadió el documento.

Sin embargo, al referirse al incremento del derecho de exportación sobre el biodiesel –que a partir del próximo 1 de julio comenzará a tener una alícuota del 15%– el informe de la Jefatura de Gabinete indicó que “a partir de marzo pasado, la Unión Europea eliminó los derechos antidumping establecidos sobre las importaciones del biodiesel argentino en 2013. Con esta medida, la industria recuperó una competitividad equivalente a 12% sobre FOB”.

“El aumento de retenciones de 8% a 15% implica una pérdida efectiva de competitividad de 5,6% sobre FOB (considerando el valor efectivo de las retenciones). La situación actual de la industria exportadora es mejor considerando el efecto conjunto de eliminación de derechos antidumping y aumento de retenciones. En caso de que vuelva a cerrarse el mercado europeo, se evaluará si es necesario aplicar nuevos cambios”, argumentó el informe.

En lo que respecta al sector lechero, el documento señala que el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea) cuenta con más de 9800 tambos asociados y 380 industrias que aportan datos de manera sistemática para generar “una verdadera democratización del proceso comercial al contar con precios de referencia a nivel nacional y para cada provincia”.

“Se trabajó con una visión de largo plazo para construir una lechería sustentable y justa, valorada por la sociedad, que genere prosperidad para los que trabajan e invierten en ella, que se destaque en el cuidado del ambiente y sea protagonista del mercado mundial. Esta visión, que hoy es una utopía, es alcanzable si focalizamos el esfuerzo en promover el aumento de la competitividad, tanto desde la gestión y los procesos como la inversión en tecnología, para así lograr un crecimiento sostenido y sustentable de la producción de leche”, apuntó el informe.

También se señaló que a fines del 2017, por primera vez, una formación del ferrocarril Belgrano Cargas transportó 100 vagones juntos con 4300 toneladas de soja desde la planta que Aceitera General Deheza (AGD) tiene en Pampa del Infierno (Chaco) hacia la localidad de Avia Terai. “Se trató de una prueba, pero en poco tiempo esa va a ser la realidad de nuestro país: formaciones con 100 vagones cargados con miles de toneladas del producto del trabajo argentino se moverán por vías nuevas, sin descarrilamientos, con seguridad y previsibilidad”, indicó el informe.

“AGD decidió a hacer una importante inversión para construir esta planta de acopio porque ve que el Estado hace su parte con la rehabilitación del tren (Belgrano Cargas). Es un buen ejemplo de que la inversión pública genera confianza en los privados y estos deciden apostar por el país y hacer su propia inversión. Con esta nueva  planta, hoy se tarda 10 horas para cargar una formación de 100 vagones, cuando antes se tardaba 40”, sostuvo.

En lo que respecta a la comercialización de cortes porcinos congelados como si se tratase de mercadería fresca en algunas cadenas de supermercados locales, el informe indicó el control de eso “está fuera del alcance del Senasa en el marco de las competencias definidas en el Decreto Nº 815/99 del Sistema Nacional de Control de Alimentos, siendo las jurisdicciones provinciales y municipales las responsables en esta materia”.