El documento interministerial sobre aplicaciones de agroquímicos definió los criterios que deberían tenerse en cuenta al momento de diseñar zonas de amortiguamiento
Fue presentado hoy en la sede de Agroindustria.
El diseño de zonas de amortiguamiento para la aplicación de agroquímicos “debe determinarse en función de las características del ambiente que se busca resguardar”, por lo que no es posible establecer un criterio estándar para todas las zonas del país.
Esa es una de las principales conclusiones del documento elaborado por el Grupo de Trabajo Interministerial de Buenas Prácticas Agrícolas, el cual fue presentado hoy en la sede porteña del Ministerio de Agroindustria por el titular de ese organismo, Luis Miguel Etchevehere, junto a sus pares de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y de Salud, Adolfo Rubinstein.
Entre los criterios que por tener en cuenta al momento de establecer zonas de amortiguamiento debe incluirse el “grado de vulnerabilidad potencial a los fitosanitarios, las características de cada sustancia, los mecanismos de exposición y las tecnologías aplicables para disminuirla, y las condiciones ambientales, así como la posibilidad de adopción de medidas viables y de control eficaz y la disposición de sanciones ante el incumplimiento de las normas”.
“En consecuencia, la definición de dimensiones particulares para establecer distancias y superficies no es esencial en una zona de amortiguamiento, sino que depende de estas consideraciones. Así, en la experiencia comparada, los metros de retiro pueden ser de unas pocas unidades bajo ciertas circunstancias, o de unos cientos bajo otras, o puede no ser necesario fijar una distancia sino restricciones fundadas en los tipos de productos o condiciones meteorológicas”, explica el documento.
El informe aclara que el proceso de diseño e implementación de zonas de amortiguamiento –que es una atribución municipal o provincial– “debe realizarse de manera participativa y sobre la base de información científica y tecnológica relevante, disponible, adecuada y actualizada”.
También se recomienda fortalecer “el monitoreo ambiental por parte de las autoridades competentes y de los procedimientos para anticipar los efectos negativos sobre la salud y el ambiente y del uso de fitosanitarios”, para lo cual se aconseja el diseño y uso de indicadores de evaluación de riesgo, además de la implementación de redes de monitoreo.
Otra de las recomendaciones contenidas en el documento es la impulsar en el Congreso un proyecto de ley “sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios”, el cual deberá “establecer criterios para la definición espacial de las zonas de amortiguamiento”.
La resolución conjunta 1/18 de los ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable –publicada en febrero pasado– determinó la conformación del grupo de trabajo que tuvo a su cargo la elaboración del documento (que puede verse completo aquí).
