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El concepto legal de “orden público” sigue siendo el principal obstáculo para llegar a un consenso en lo relativo a la actualización de la actual Ley de Semillas (Nº 20.247/73).

El “orden público” –contemplado en el primer proyecto del gobierno macrista y las iniciativas de CRA y de los multiplicadores de semilla– implica que las regalías por todo concepto de propiedad intelectual (germoplasma + eventos biotecnológicos) deben cobrarse solamente al momento de adquirir la semilla. Es decir: no pueden percibirse en ninguna otra circunstancia.

La cuestión que el actual proyecto oficial de reforma de la Ley 20.427, que cuenta con el aval de la Asociación Argentinas de Semilleros (ASA), no incluye el “orden público”, lo que habilita la posibilidad de que las empresas semilleras y propietarias de patentes biotecnológicas realicen acuerdos privados con los productores para cobrar un canon por el uso de la propiedad intelectual.

“En CRA consideramos que los aspectos no negociables de la nueva ley (de semillas) son tener un Inase fuerte y que todo se pague en la compra de la semilla”, indicó Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, durante un panel sobre propiedad intelectual en semillas organizado hoy en el Congreso Aapresid 2018 que se está realizando en la ciudad de Córdoba. El dirigente rural además indicó que el “orden público” es necesario para “evitar que se tengan que firmar contratos para poder comprar determinar semillas”.

Por su parte, Santiago del Solar, jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, aseguró que “la agricultura moderna requiere de contratos y el orden público limitaría la capacidad de hacerlos y la actividad quedaría cada vez más commotizada”.

“El orden público sería una limitante importante para muchos programas de investigación (genética) tanto estatales como privados”, afirmó Del Solar, para luego añadir que la competencia eliminaría la posibilidad de abuso de posición dominante, tal como “sucedió con los híbridos de maíz, en donde al haber muchos participantes que compiten, nunca hubo necesidad de aplicar la ley antimonopolio”.

Alfredo Paseyro, gerente general de ASA, reafirmó los comentarios realizados por Del Solar, al indicar que “una vez que haya previsibilidad (a partir de la reforma de la Ley de Semillas), va a haber mayor competencia entre empresas”, lo que permitiría evitar situaciones abusivas contra los productores, aunque afirmó que, si se llegara a presentar tal escenario, “hay otros organismos del Estado que pueden velar por la equidad de las negociación”, entre productores agrícola y empresas semilleras (en referencia a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia).

Chiesa respondió que “queremos que la ley sea explícita para no tener que recurrir a abogados o a Defensa de la Competencia para denunciar monopolios, por eso destruye la confianza y nos complica la existencia a los productores; tenemos que tener una ley que permita que los productores no tengamos que hacer reclamos”.

Del Solar dijo que “es cierto que hay una historia pasada con problemas y que eso generó reacciones ante la posibilidad de hacer contratos” (en referencia al caso de la soja Intacta de Monsanto), pero dijo que el tema abarca a muchos producciones –como garbanzo, algodón y maní– y que es “necesario pensar en grande

El antecedente más cercano, en lo que respecta a la posibilidad de realizar contratos privados, es la implementación por parte de la entonces Monsanto (ahora absorbida por Bayer) de un mecanismo creado para cobrar un canon variable –suerte de “retención privada”– por el uso de una patente (“Intacta”) en cultivares de soja, algo que alcanzó tal magnitud que obligó al propio Estado argentino a intervenir en 2016 para recuperar el monopolio de la fiscalización de semillas por medio de la resolución 207/16 del Inase.

Por otra parte, debido a que el cobro de la patente del evento “Intacta” pretendió instrumentarse de manera compulsiva, lo que terminó generando es una retracción de las ventas de los cultivares más modernos –que en su mayor parte contenían dicho evento– para favorecer el uso de variedades más antiguas pero libres de “Intacta”.

En otro orden, Paseyro aseguró que la industria semillera se comprometió –en caso de que se apruebe la reforma– a no cobrar regalías por el uso propio de cultivares de soja y trigo anteriores a 2012 y 2007 respectivamente. “Además, si un productor durante el primer año, que sería de transición, tiene una variedad con una fecha posterior (a 2012 o 2007) y no tiene manera de demostrar el origen de la misma con una factura, la posibilidad de uso (pagando regalías) va a quedar salvada solamente al presentar una declaración jurada”, comentó el representante de ASA.