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Sorpresa: el gobierno pretende garantizar la posibilidad de subir las retenciones hasta un tope del 33% en caso de que se agrave la crisis económica

Sorpresa: el gobierno pretende garantizar la posibilidad de subir las retenciones hasta un tope del 33% en caso de que se agrave la crisis económica

“Establécese que, en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo Nacional mediante los Artículos 755 y concordantes de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB”.

Así lo indica el proyecto de Presupuesto 2019 de la Administración Pública Nacional –elaborado por el ministro de Hacienda Nicolás Dujvone– que fue presentado ante el Congreso nacional para comenzar a ser debativo en ese ámbito.

El proyecto además indica que el gobierno nacional podrá ejercer la factutal de aumentar las retenciones “hasta el 31 de diciembre de 2020”.

El pasado 4 de septiembre gobierno nacional, por medio del decreto 793/18, implementó hasta el 31 de diciembre de 2020 un esquema de derechos de exportación móviles para todas las mercaderías argentinas.

El nuevo esquema comprende una alícuota variable de 3,0 a 4,0 pesos por cada dólar del valor FOB, según el tipo de producto (los commodities agrícolas están incluidos en el 4×1 ). El decreto 793 además establece que en ningún caso la alícuota de la retención podrá superar un tope del 12,0% del valor FOB (algo que sólo sucedería en caso de que el tipo de cambio caiga por debajo de 32 $/u$s).

En lo que respecta al complejo sojero –principal exportador de la Argentina– se estableció para el poroto, aceite y harina de soja una alícuota fija del 18,0%, a la cual se adicionará el factor variable del 4×1. En cuanto al biodiesel (que en la Argentina se elabora con aceite de soja), a la alícuota vigente (15,0%) también se le adicionará el factor móvil del 4×1.

El decreto 793, contenido en el proyecto de Presupuesto 2019, debe ser aprobado por el Poder Legislativo para que tenga plena validez legal, pues, de lo contrario, el Estado nacional se expondría a una ola de juicios.

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