Retenciones potenciales del 33% aprobadas por el Congreso: “Estaríamos ante una situación peor a la del 2008”
Comunicado de la Fundación Barbechando.
“Desde el punto de vista del proceso legislativo estaríamos ante una situación peor a la del 2008, donde el campo pudo frenar la aplicación de la resolución 125 en el Congreso nacional”.
Así lo indicó hoy un comunicado difundido por la Fundación Barbechando en referencia a la posibilidad –contemplada en el proyecto de Presupuesto 2019– de fijar derechos de exportación con una alícuota de hasta el 33% del valor FOB.
“En el proyecto presentado, el artículo 83 faculta al por el Poder Ejecutivo a fijar derechos de exportación hasta del 33% en cualquier producto y extiende esta facultad hasta el primer año del próximo gobierno, es decir, diciembre del 2020. Esta propuesta deja la puerta abierta para elevar cualquier derecho de exportación, no sólo los vinculados a los productos agropecuarios, en cualquier momento, sin necesidad de aprobación parlamentaria”, explicó Barbechando.
“Como Organización dedicada a la valorización del trabajo parlamentario y su acercamiento a los productores agropecuarios, vemos con suma preocupación el espíritu de este artículo y llevaremos adelante distintas actividades en busca de su eliminación. En los próximos días solicitaremos reuniones con legisladores de todas las fuerzas políticas para expresarles nuestra preocupación y conocer sus posiciones”, añadió.
La Fundación Barbechando está compuesta por productores y profesionales vinculados a la actividad agroindustrial, de distintas regiones del país y con diferentes trayectorias, “con vocación participativa y la fuerte creencia en que es imprescindible que la ciudadanía participe en la elaboración de políticas pública”, según se indica en el sitio de la ONG.
La entidad surgió en el año 2008 en el contexto del tratamiento de la resolución 125 (“retenciones móviles”) en el Congreso de la Nación, “durante el cual aprendimos que no alcanza con reclamar ante hechos consumados, sino que es preciso participar en el debate y sanción de normas y leyes que regulan la actividad económica y social”.
