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Funcionarios de las secretarías de Agroindustria y Ambiente y Desarrollo Sustentable comenzaron a diseñar las bases de un proyecto legislativo sobre presupuestos mínimos para aplicaciones de fitosanitarios.

El objetivo es que en algún momento del segundo trimestre de 2019 –cuando comience el próximo año legislativo– pueda enviarse al Congreso la iniciativa para que quede a consideración de los legisladores.

“Estamos en la cocina del borrador del proyecto y el primer paso será elaborar las consideraciones generales que deberá contener el mismo”, explicó Nicolás Lucas, director de Producciones Sostenibles de la Secretaría de Agroindustria.

El antecedente inmediato del proyecto oficial es el documento elaborado por el Grupo de Trabajo Interministerial de Buenas Prácticas Agrícolas, integrado por las secretarías de Agroindustria, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Salud y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el cual fue puesto a consideración de la población en una consulta pública.

A partir de una evaluación de las recomendaciones recibidas –realizada por un equipo de técnicos de Agroindustria y Ambiente– se procedió a considerar cuáles deberían ser los factores clave que deberían estar presentes en el proyecto sobre aplicaciones de fitosanitarios.

“Entre los objetivos debería estar el hecho de establecer un régimen legal que sea adaptativo y actualizable, de manera tal que mejore progresivamente la adopción efectiva de las buenas prácticas”, explicó Nicolás Lucas en un artículo publicado en la Revista CREA.

El proyecto contendrá parámetros mínimos para las buenas prácticas de aplicaciones que sean operativos en todo el territorio nacional. En ese marco, se establecerían criterios para la definición espacial de las zonas de amortiguamiento, además de pautas para las aplicaciones por realizarse en dichas zonas.

Otro de los objetivos del proyecto será promover el establecimiento de sistemas público-privados y privados de autogestión del monitoreo y control de las aplicaciones, los cuales deberán ser eficientes y transparentes. “Los sistemas de monitoreo y control tienen un costo y un aspecto importante por tratar es cómo se va a distribuir el mismo (entre la Nación, provincias y municipios)”, apuntó Lucas.

La nueva normativa deberá establecer también las condiciones mínimas que deberán incluir las recetas fitosanitarias y/o agronómicas en todas las regiones productivas del país.

Entre los temas por incluir en el proyecto también se incluye la determinación de responsabilidades para cada uno de los actores vinculados a las aplicaciones. “Este es un aspecto que merece un debate importante en el sector”, comentó el funcionario de Agroindustria.

También se propondrá crear instancias nacionales orientadas a armonizar los diferentes registros provinciales relativos a aplicaciones de fitosanitarios a fin de que guarden coherencia entre los mismos.

El proyecto considerará las características propias de las distintas tecnologías de aplicación para abordarlas de manera diferenciada y alentará el uso de plataformas digitales que faciliten la regulación y el control de las buenas prácticas en aplicaciones.

Por último, se considerará incorporar a la iniciativa elementos de planificación u ordenamiento territorial orientados a evitar conflictos en las interfaces urbano-rurales en lo respecta a las aplicaciones en zonas periurbanas

El artículo completo puede leerse en la última edición de la Revista CREA.