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En esta época del año suelen profundizarse los conflictos –reflejados esta semana por el diario La Nación– entre delegados de Uatre y empresarios agrícolas por la obligatoriedad de contratar personal local para realizar trabajos temporarios. La cuestión es que la naturaleza del problema no suele ser conocida en profundidad por ninguna de las partes intervinientes. Tampoco por las autoridades locales. Y eso genera situaciones indeseables. Aquí van algunas precisiones al respecto.

Uno. El artículo 69 de la Ley de Trabajo Agrario (Nº 26.727 promulgada en diciembre de 2011 a partir de una iniciativa del entonces gobierno kirchnerista) determina que “las bolsas de trabajo a cargo de las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial proveerán a los empleadores del personal necesario para la realización de las tareas temporarias”. Es decir: se trata de un derecho amparado por una ley nacional. El problema es que la legislación no ofrece precisiones sobre cómo debe instrumentarse el mismo. El decreto reglamentario de la Ley 26.727 (Nº 301/13) no hace referencia alguna al artículo 69. Sin embargo, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) publica regularmente los valores de los jornales mínimos que deben aplicarse en cada provincia para trabajos temporarios de almacenamiento y manipulación de granos.

Dos. El gobierno de Mauricio Macri, aliado político de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), convalidó el derecho establecido en el artículo 69 de la Ley 26.727 al crear nuevas Bolsas de Trabajo de Uatre en el ámbito de las ciudades de Trenque Lauquen, González Chávez (Buenos Aires), Banderas y Juríes (Santiago del Estero).

Tres. Al no haber precisiones sobre cómo debe aplicarse ese derecho, se creó una vacío legal en el cual no puede intervenir –para garantizar el cumplimiento del mismo– ninguna fuerza municipal, provincial o nacional. En ese contexto, algunos delegados de Uatre emplean métodos coactivos y amedrentamientos para intentar hacer cumplir lo establecido en el artículo 69 la Ley 26.727. Algunos empresarios agrícolas aceptan pagar una determinada cantidad de jornales a la bolsa de trabajo local, sin emplear la mano de obra disponible, para evitar conflictos. Pero otros se niegan.

Cuatro. En 2017 integrantes de la CNTA y el entonces Ministerio de Agroindustria intentaron cubrir el vacío legal creado por el artículo 69 por medio de una resolución que permitiese eximir a los empresarios con personal propio de la obligación de contratar trabajadores de las bolsas de Uatre. Para eso diseñaron un acuerdo –firmado por el secretario general de Uatre Ramón Ayala y representantes de CRA, Coninagro, SRA y FAA– en el cual se determinaba que “en aquellas zonas en las que existan bolsas de trabajo sindicales y el empleador/productor posea personal, deberá anualmente, dentro de la ventana declarativa que la resolución habilite, acreditar y/o ratificar en su caso, ante el Renatre o la seccional que correspondiere a la bolsa de trabajo, y en el modo en el que oportunamente se reglamentará, que dichos trabajadores estén registrados como permanentes. En este caso, quedará exceptuado de recurrir a las bolsas de trabajo sindicales”. Dicho acuerdo, que debía ser la base de una resolución de la CNTA, no logró prosperar al ser rechazada dirigentes regionales de Uatre y por algunos referentes del gremialismo agropecuario (quienes sostenían que la apropiado era dar de baja lo dispuesto por el artículo 69, algo que, obviamente, le corresponde al Congreso).

Cinco. Ningún otro sector económico argentino cuenta con una legislación laboral específica que obliga a contratar personal temporario localizado en un área particular. Sería fundamental contar con una investigación jurídica que determinase si lo establecido por el artículo 69 la Ley 26.727 es o no anticonstitucional.