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En el año 2018 el gobierno macrista subsidió a compañías productoras de gas natural con 19.594 millones de pesos (M/$) en el marco del “Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales”, según datos oficiales recopilados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap).

En 2017 las compañías habían recibido un subsidio por un total de 21.911 M/$ en el marco del “Plan Gas”, el cual finalizó en diciembre de ese año para luego ser reemplazado por la resolución 46/17 (“Programa de Estímulo”), por medio de la cual se garantizan un precio mínimo para el gas elaborado en los yacimientos de Vaca Muerta “con miras a acelerar el paso de la etapa piloto a la etapa de desarrollo de las concesiones de explotación correspondientes”.

Pero, luego de la devaluación del peso argentino ocurrida en 2018, seguida por la crisis de gestión que obligó al gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional como prestamista de última instancia, el alcance de la resolución 46/17 fue reinterpretado para reducir los subsidios destinados a la estatal YPF y Tecpetrol (Techint), entre otros operadores.

En los últimos días, frente a las urgencias presupuestarias que afronta el Estado nacional, el actual secretaria de Energía, Gustavo Lopetegui, está evaluando alternativas para volver a rediseñar el esquema de subsidios destinado a las compañías energéticas con inversiones en los yacimientos de gas no convencionales.

Ningún otro sector económico recibió en 2018 sumas tan elevadas en concepto de subsidios directos para promover inversiones. La mayor parte del total de las transferencias corrientes por 292.145 millones de pesos abonadas el año pasado corresponden a subsidios de tarifas de servicios energéticos y de transporte.

Así como en 2018 las grandes compañías energéticas siguieron recibiendo subsidios en el marco del “Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales”, a las Pymes agroindustriales se les vedó la posibilidad de desarrollar proyectos de transformación de biogás en energía eléctrica

La reglamentación de la Ley N° 27.424 (Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública), publicada en noviembre pasado luego de una espera de diez meses, resultó estar diseñada para promover la instalación de equipos de generación distribuida –fundamentalmente paneles solares– por medio de los cuales viviendas, comercios e industrias puedan generar energía eléctrica para autoconsumo e inyectar los excedentes a la red de distribución.

Muchos feedlots, establecimientos avícolas, porcinos y tambos estabulados se entusiasmaron con la posibilidad de comenzar a transformar un pasivo ambiental (efluentes) en una nueva fuente de ingresos (energía eléctrica) a partir de la sanción, a fines del año pasado, de la Ley N° 27.424. Pero los emprendimientos de biogás generados por empresas agroindustriales ahora sólo podrán participar del negocio energético por medio del programa de energías renovables RenovaAR, el cual acepta proyectos con una escala mínima de 500 kW (accesible para grandes empresas como Adecoagro).