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A partir de este año las bodegas están obligadas a informar precio y plazos de pago con ajuste por inflación: ¿Una solución que también podría ser útil para el sector lácteo?

Resistencia por parte de la industria vitivinícola.
A partir de este año las bodegas están obligadas a informar precio y plazos de pago con ajuste por inflación: ¿Una solución que también podría ser útil para el sector lácteo?

A fines del año pasado la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza aprobó una propuesta –presentada por el diputado Ricardo Mansur– que establece la registración obligatoria de contratos de compra/venta de productos agrícolas cuyo uso o destino final sea la entrega a establecimientos agroindustriales. La ley ya está vigente en la comercialización de uvas, mientras que para el resto de los productos se implementará de manera paulatina.

La norma indica que “la inscripción de los respectivos contratos deberá realizarla el establecimiento receptor obligatoriamente antes del primer ingreso de materia prima” y especifica que los mismos deberán indicar precios pactados, formas de pago, calidad del producto y una cláusula de ajuste por inflación “que será obligatoria para el caso de los contratos cuyos plazos de pago superen los 90 días contados desde la entrega del producto”.

Las bodegas que omitan la inscripción de contratos serán sancionadas con multas del 5% del valor acordado en el contrato cuya inscripción se omitió. La norma además prevé la clausura del establecimiento incumplidor en caso de reincidencia. También contempla la inmovilización de vinos y/o paralización de trámites administrativos.

La norma establece también que los establecimientos que registren incumplimientos no podrán acceder a subsidios, créditos de fomento, y/o beneficios que provengan de fondos públicos provinciales por un plazo de tres años desde que se aplique la sanción.

Las bodegas, acostumbradas a recibir la uva para recién posteriormente informar a los productores el precio y plazo de pago (que puede llegar a extenderse en hasta diez cuotas mensuales), vienen implementando en los últimos días un importante lobby para frenar la aplicación de la ley. Pero las autoridades del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza –autoridad de aplicación de la norma– se muestran decididas a aplicarla con el propósito de equilibrar la relación de fuerzas entre producción e industria.

Un situación similar a la registrada en el sector vitivinícola se registra en el ámbito lácteo, en el cual los tamberos entregan diariamente su producto a la industria y recién al finalizar el mes se enteran cuánto cobrarán (más allá de los adelantos informales sobre el valor por recibir que puedan ir comunicando los gerentes de compras de las usinas).

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