Los precios de la carne vacuna no subieron: se ajustaron por inflación al terminarse la sobreoferta coyuntural de hacienda
Una visión estructural sobre un problema puntual.
Los precios de la carne no subieron: se equipararon finalmente con el ritmo inflacionario del resto de los alimentos básicos. Es decir: estaban subsidiados el año pasado por condiciones circunstanciales presentes en el mercado ganadero.
Los técnicos dedicados a investigar la dinámica del mercado pecuario vienen advirtiendo hace meses que los precios de la hacienda se ajustarían en algún momento del presente año cuando se produjese el cambio de ciclo ganadero. Ninguna persona informada debería sorprenderse al respecto.
Por una serie de factores climáticos y macroeconómicos –una sequía severa seguida por un aumento sideral del valor del maíz provocado por la devaluación del peso– en 2018 hubo más oferta de carne de la que tendría que haber habido en una situación normal (si es que tal concepto puede ser empleado en la Argentina).
En el sector ganadero –donde los ciclos productivos, a diferencia de la producción aviar y porcina, no se miden en meses, sino en años– los daños provocados por la falta de inversiones o desinversiones (en el caso de liquidación de vientres) se ven en diferido: los ajustes de precios que estamos observando en las últimas semanas son producto del año desastroso que tuvieron que pasar en 2018 la mayor parte de los empresarios ganaderos.
En otras épocas, la ganadería podía darse el lujo de ser un hobby caro al recibir subsidios del sector agrícola. Pero la producción de granos en los últimos años viene siendo un negocio de altísimo riesgo con márgenes decrecientes: ya no puede ayudar a sostener planteos ganaderos.
Es importante advertir que la “suba” reciente del precio de la carne bovina es producto –al igual que en el resto de los alimentos– del impuesto inflacionario que el Estado nacional viene cobrando a los argentinos hace más de quince años (con especial incidencia en la última década).
Los países donde los gobiernos están comandados por personas capacitadas y responsables, no tienen necesidad de implementar un impuesto inflacionario para atosigar a la población local. Tal es el caso de Bolivia (con una inflación minorista anual del 1,4%), Chile (1,8%), Paraguay (2,4%), Brasil (3,7%) y Uruguay (7,3%). Hasta Evo Morales se dio cuenta de que era mejor negocio no expoliar al sector privado con el impuesto inflacionario.
De todas maneras, más allá del ajuste inflacionario (es decir, de la finalización del subsidio forzoso proveniente del sector ganadero), la carne en la Argentina sigue siendo baratísima. Un bife de cuadril en un supermercado Tienda Inglesa de Montevideo se vende en góndola actualmente a un valor equivalente a casi 400 pesos argentinos por kilogramo, mientras que en las sucursales porteñas de COTO ese mismo corte se comercializa a un precio de apenas 223 $/kg.
Eso ocurre porque en Uruguay la hacienda bovina se exporta en su mayor parte y, por lo tanto, constituye un bien dolarizado, mientras que el principal cliente de la carne argentina es por lejos el consumidor local, a quien la cadena cárnica cuida con particular esmero.
Todo eso no implica que los alimentos, entre muchos otros bienes, sean crecientemente inaccesibles para una proporción cada vez mayor de la pauperizada población argentina. Pero es fundamental comprender el problema con una visión integral. La culpa de ese fenómeno no está en el sector ganadero ni cárnico. Está en otra parte.
Ezequiel Tambornini
